Venta de EPM en Tigo UNE sugiere riesgos patrimoniales si es o no aprobada

Si bien hay riesgos de pérdida patrimonial de ser aprobada la venta de la compañía, los riesgos no desaparecerían en caso contrario.

A raíz de la reactivación de la venta de las acciones que tiene Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Tigo Une, el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA publicó un análisis en donde señala que, si bien hay riesgos de pérdida patrimonial de ser aprobada la venta de la compañía, los riesgos no desaparecerían en caso contrario.

En el Concejo de Medellín se reinició la discusión de la venta de las acciones que tiene en UNE, las cuales corresponden al 50 % de la propiedad más unas pocas acciones preferenciales, sin embargo, el socio controlante y a cargo de la operación es Millicom. Vea más noticias empresariales

De acuerdo con el análisis publicado por la institución académica, el beneficio de la inversión para EPM está representado tanto en la rentabilidad como en los dividendos.

Además, reseña que, de acuerdo con la información disponible, UNE viene presentando unos buenos resultados financieros y ha mejorado su posición competitiva, pero la rentabilidad para EPM es inferior a la que obtiene en los otros servicios en los que opera como prestador (energía principalmente y gas) o en los que tiene obligaciones específicas (aguas y residuos en forma complementaria a los anteriores), no así en el sector de las telecomunicaciones, en el que solo actúa como inversionista.

La Universidad EIA señala que, en el futuro, el sector de las telecomunicaciones será importante para el crecimiento de los actuales negocios que tiene EPM por la digitalización y las tecnologías de la cuarta revolución industrial, las fuentes de energía renovables no convencionales, la medición inteligente, entre otros.

EPM podría tomar este tipo de servicios con cualquier operador, en las mejores ofertas que pueda conseguir en competencia”, afirma.

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Del mismo modo, recuerda que hace cinco años las telecomunicaciones de EPM se fusionaron con Millicom y, prácticamente, en esa transacción quedaron establecidas las condiciones para la disposición de la participación de EPM en UNE.

En el acuerdo pactaron un derecho de arrastre (drag along) para proteger el valor de la inversión, “el cual implica que hecho el ofrecimiento de venta a Millicom, si este no se encuentra interesado o no se logra una negociación, Millicom se obliga también a ofrecer en venta su participación junto con la de EPM; es decir, se debe proceder a vender el 100 % de la empresa a un tercero, todo lo cual debe quedar completamente finalizado el 14 de agosto de 2024”, dice.

Por lo explicado, la Universidad EIA concluye que no parece lógico que EPM continúe en UNE “y, como tal, debería buscar la mejor forma de salir con el criterio de maximizar el valor de la venta y destinar estos recursos a sus actividades prioritarias”.

Riesgos patrimoniales

La venta o no de las acciones sugiere riesgos patrimoniales, pues, entre otras razones, la incertidumbre sobre el valor de la venta, su determinación y las condiciones mismas para la transacción son incertidumbres que afloran.

Además, también surge la incertidumbre en torno al uso que se daría a estos recursos, respecto de lo cual no hay claridad por parte de la administración municipal.

Es preciso señalar que, si se ciñen a la condición de protección al valor del patrimonio, habría cerca de dos años para estructurar todo el proceso de venta, ya sea directamente a Millicom o en el proceso de venta conjunta, que debe completarse el 14 de agosto de 2024.

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“De no lograrse, dejaría a EPM en una condición muy desfavorable, por la dificultad de encontrar un inversionista de telecomunicaciones interesado en comprar una participación del 50 % del capital accionario, pero quedar en una posición minoritaria; o de inversionistas de portafolio o similares, por la menor rentabilidad que este negocio puede representar fren- te a diversas opciones en el mercado”, indica la EIA.

De acuerdo con la institución académica, estas circunstancias, “muy probablemente, harán que se materialice una importante pérdida del valor de la inversión, con detrimento para EPM”.

Sumado a lo anterior, si no se vende y en caso de que Millicom capitalice para invertir, “obligaría a que también EPM capitalice en la misma proporción para mantener la participación, desviando recursos en una inversión no prioritaria, o de lo contrario se diluiría su participación con la pérdida sucesiva de valor”.

La Universidad EIA advierte que, de no ser aprobada la venta en la administración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, Empresas Públicas de Medellín se expone a una pérdida “casi segura de valor”, pues en ocho meses de 2024 “es imposible realizar los procesos requeridos para la venta de la participación de EPM y se perdería la opción de ejercer el derecho de arrastre”, indica.

Ahora bien, el Centro de Pensamiento aclara que si bien es cierto que con lo argumentado se concluye que EPM debería vender su participación en UNE, “también es cierto existe un alto riesgo de afectación al patrimonio público si no se vende en el valor apropiado y si no se utilizan los recursos de la venta de la mejor manera posible para la ciudad”.

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“Por eso, es de la mayor responsabilidad y trascendencia el estudio de la venta y la posible autorización por parte del Concejo de Medellín, que debe quedar atada sin resquicio alguno a unas destinaciones específicas y a una auditoría especial que garantice la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, que además representan el ahorro por décadas de varias generaciones de la región”, añade.

Es de anotar que la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Medellín tomó la decisión de apoyar el proyecto de acuerdo para vender las acciones, eso sí, poniendo sobre la mesa algunas condiciones.

De acuerdo con la bancada del partido político, la venta tendría su apoyo en el Concejo siempre y cuando los recursos no vayan a un plan de inversión de EPM “como pretende la administración”, sino que, por el contrario, estos sean destinados a la creación de un fondo de estabilización tarifaria de los servicios públicos, la reconexión de servicios públicos domiciliarios y un plan de conectividad a internet para estratos bajos y zonas rurales.

Frente a la primera condición, que refiere a la creación de un fondo de estabilización tarifaria, el concejal Alfredo Ramos indicó que “Daniel Quintero le incumplió a Medellín prometiendo congelar las tarifas de servicios públicos y, al contrario, han venido creciendo desmedidamente. Por eso queremos que los recursos de la venta de UNE vayan a los estratos más vulnerables para que las tarifas de energía se rebajen”.

Queremos que los recursos de la venta de UNE se vayan para Medellín, no a un plan de inversiones de EPM donde no sabemos dónde van a terminar y quién sabe en qué terminen en manos de Daniel Quintero”, añadió Ramos.

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Algunas recomendaciones

Al entender que la venta o no de las acciones implica riesgos de pérdida patrimonial, el análisis de la Universidad EIA recomienda escoger la alternativa que minimice los riesgos.

“Y lo que parece sensato y razonable es seguir la ruta de aprobar la venta, pero establecer unos mecanismos y controles que permitan minimizar los riesgos de detrimento patrimonial”, indica.

Atendiendo a lo anterior, en palabras del Centro de Pensamiento de la EIA estas son algunas propuestas para definir la ruta a seguir:

  • Creación de una comisión integrada por concejales y expertos independientes que haga seguimiento al proceso de venta hasta su finalización con informes periódicos al Concejo.
  • Contratar dos bancas de inversión de reconocida trayectoria y experiencia internacional en el sector de telecomunicaciones para tener dos procesos de valoración independientes, con una amplia discusión al respecto y que permita tener la mayor confianza posible sobre los valores y las condiciones para la venta.
  • Todos los recursos producto de la venta, deben llegar a EPM.
  • Solicitar a la administración que presente propuestas concretas para la utilización de los recursos que se generen de la venta, con claras prioridades; y que se rindan informes periódicos sobre su utilización bajo una auditoría especial para este caso que reporte al Concejo y a la ciudadanía. En caso de requerirse un cambio de destinación se debe solicitar la respectiva autorización al Concejo.
  • Establecer un procedimiento eficaz y ampliamente conocido por la sociedad para estar informando a la ciudadanía sobre el avance del proceso y sus resultados.

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Concluye indicando que pese a los aspectos políticos, sociales, reputacionales y de comunicación que “entorpecen las decisiones” en este proceso de venta y que la confianza en Medellín “está resquebrajada”, el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA considera que “es imperativo poner los intereses de la ciudad y de EPM por encima de toda diferencia existente y ser capaces de estructurar un proceso de venta transparente y asegurar la mayor generación posible de valor con la transacción y el uso de los recursos para bien de EPM y de la comunidad”.

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