Un análisis de la Contraloría General de la República sobre la actual política pública para la expansión del sistema eléctrico nacional determinó que las convocatorias que hace la Unidad de Planeación Minera Energética (Upme) para seleccionar proyectos de transmisión requerirían por lo menos tres ajustes importantes.
Entre esos ajustes se encuentra la revisión de la norma que obliga a la estatal Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) a presentar ofertas en todos los proyectos.
Así mismo, la revisión del traslado de riesgos previsibles a inversionistas y, por último, evitar proponer proyectos sin que las entidades estatales, que tienen la respectiva competencia, hayan realizado los estudios y análisis previos que garanticen que los inversionistas pueden lograr la viabilidad técnica, ambiental y económica requerida.
Con respecto al tema puntual de ISA, la entidad de control dijo que actualmente está obligada a presentar oferta aún en aquellos proyectos que no son técnica, financiera o ambientalmente viables y se le impone una carga excesiva frente a sus competidores, que tienen la opción de decidir a cuáles convocatorias se presentan.
Considera la Contraloría que la regulación que le impone esta obligación va en contravía de la meta de tener un mercado en libre competencia, por lo que es necesario que la Creg revise esta exigencia, ideada en un momento en el cual ISA era una empresa estatal, encargada de la expansión del sistema.
Hoy, agregó, ISA es una empresa democratizada, en la cual el Estado sólo conserva el 51,41% de su propiedad, mientras el resto de sus acciones están en cabeza de 29.272 accionistas, entre los cuales se encuentran fondos de pensiones que tienen invertidos allí los recursos de pensiones de miles de colombianos.
La misiva de la entidad estima que todas las empresas que se presentan a las convocatorias lo tienen que hacer en condiciones de igualdad.
“Es entonces deber del Estado promover la competencia y establecer reglas de juego que atraigan inversionistas, diseñando proyectos tan atractivos que cualquier actor en el mercado esté interesado en presentarse, de tal forma que se cuente en las convocatorias de expansión del sistema con varios oferentes, sin necesidad de obligar a ninguna compañía a ser el respaldo en todos los proyectos, mediante la presentación de una oferta”, señaló en un comunicado.
Incluso, dijo, en las ofertas de generación se cuenta con esquemas atractivos que garantizan pluralidad de proponentes en todas las convocatorias, teniendo todos ellos libertad de concurrencia y el Estado no ha tomado a compañías con mayoría estatal, tales como Isagen (en su momento), Gecelca y Urrá, como empresas obligadas a presentar oferta en todas las convocatorias.
Revisar traslado de riesgos
Las convocatorias de la Upme requieren que se realice la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles en esta clase de proyectos.
Esto no se hace actualmente y se asume que el inversionista debe hacerse cargo de estos en su integridad (tanto los previsibles como los previsibles), aseguró la Contraloría.
Adicionalmente, en algunos casos los inversionistas han tenido que asumir el pago de compensaciones por aplazar la fecha de entrada en operación, ante la imposibilidad de cumplir con la Fecha Oficial de Entrada en Operación fijada unilateralmente por la Upme.
Así mismo, dijo que algunos inversionistas han presentado demandas contra la Nación y la Upme, pretendiendo cuantiosas indemnizaciones por circunstancias que se presentaron durante la ejecución de los proyectos y que, según los agentes del mercado, eran imprevisibles (no podían ser identificadas antes de la adjudicación).
“Estas situaciones implican un riesgo patrimonial para el Estado, tanto en cabeza de las entidades encargadas del sector (Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación Energía y Gas ( -CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética –UPM), como en cabeza de las Empresas de Servicios Públicos públicas y mixtas”.
