Acuerdo económico entre Argentina y FMI pasó su segunda revisión

Foto: Archivo Valora Analitik

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Roberto Cardarelli visitó Argentina entre el nueve y 16 de noviembre de 2018 para llevar a cabo discusiones sobre la segunda revisión del programa de Argentina apoyado por el FMI bajo el Acuerdo Stand-By (SBA).

Al término de la visita, Cardarelli afirmó que: “el personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre la segunda revisión del programa económico respaldado por el acuerdo Stand-By. La finalización de la revisión está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y pondrá a disposición del país DEG 5.500 millones (aproximadamente US$7.600 millones).

El funcionario resaltó que el nuevo marco de política monetaria implementado por el Banco Central de la República Argentina (Bcra) en octubre ha sido “efectivo” para estabilizar a los mercados financieros luego de la extrema volatilidad experimentada en agosto y septiembre.

“La implementación firme de su marco de política monetaria y una comunicación clara por parte del Bcra seguirán siendo esenciales para guiar las expectativas del mercado. El compromiso de las autoridades con un tipo de cambio determinado por el mercado fortalecerá la credibilidad del marco de política monetaria y aumentará la resistencia a los shocks externos”, añadió.

El FMI añadió que “los datos recientes sugieren que los objetivos fiscales para 2018 serán alcanzados. Esto y la aprobación del presupuesto para 2019 apuntan al compromiso claro de las autoridades para abordar una vulnerabilidad clave de la economía argentina”.

El funcionario concluyó asegurando que la eliminación del déficit fiscal primario es un paso necesario para reducir las necesidades de financiamiento del gobierno y colocar la relación deuda / PBI en una trayectoria descendente.

La misión del FMI  se reunió con el ministro de Economía, Nicolas Dujovne, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y con otros funcionarios gubernamentales, miembros del sector privado y la sociedad civil.

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