María Luisa Chiape, presidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, en Colombia (Asoenergía) dijo hoy que un estudio del Banco Mundial reveló que mientras en Colombia se registran 36 horas de interrupciones al año, ese mismo indicador en Chile es de 12 horas, en Estados Unidos de seis horas y en Brasil de 18 horas.
Esta situación, dijo, pone de manifiesto una ausencia de criterios de competitividad, no solo entre los prestadores del servicio, sino entre las autoridades responsables de la gestión y vigilancia del sector.
Electricaribe es un ejemplo paradigmático de estos problemas, y su crisis es un asunto complejo cuya solución es de alta prioridad.
Sin embargo, la experta advirtió que un cambio en los límites a la concentración del mercado, para permitir la participación de un proponente único en la convocatoria (la italiana Enel), que alcanzaría una participación cercana al 50% del mercado, además de estar integrado verticalmente, es una suerte de “atajo institucional” que expone a los consumidores al deterioro de la competencia y abuso de poder de mercado, con los consecuentes efectos sobre los costos y calidad de la energía, para no mencionar otros riesgos como la denominada “captura del regulador” por un agente de gran tamaño.
Por otro lado, Chiape dijo que, tradicionalmente, las autoridades del sector energético han privilegiado el criterio de confiabilidad del sistema sobre las consideraciones de competitividad, lo cual nos ha llevado a tener una de las tarifas de energía más costosas de la región, claramente las más altas entre los principales competidores de Colombia en los mercados internacionales.
En efecto las tarifas de Colombia duplican las de EE. UU. y superan las de México en 36%; y las de Ecuador y Perú en 40% y 44%, respectivamente.
Las consecuencias de esta omisión en la política de energía, dijo, se reflejan perjudicialmente en la industria manufacturera, donde los costos de energía representan entre 20 y 25% de los costos de producción, y en casos de muy alta intensidad energética pueden superar el 50% de los mismos.
Chiape agregó que para hacer frente a los problemas generados por la crisis de Hidroituango se realizará una subasta de cargo por confiabilidad para las nuevas plantas que se construyan antes del año 2023.
El regulador reveló estimaciones del cargo resultante de la subasta según las cuales este podría estar alrededor de US$24/MW, es decir, casi 67% superior al nivel del cargo actualmente vigente, “lo cual tendrá un impacto significativo en los costos de energía para el consumidor”.
Para limitar este impacto, Asoenergía solicitó que este nuevo cargo se aplique exclusivamente a las nuevas plantas de generación, sin ajustar, como es tradicional, el cargo de las plantas existentes. Espera que se atienda esta recomendación orientada a defender la competitividad de la producción nacional.
Estima también que las medidas adoptadas para garantizar la oferta de energía, como consecuencia del retraso de Hidroituango, no aplacen indefinidamente la sustitución de plantas ineficientes, tan necesaria para reducir los costos y tarifas a niveles acordes con la dotación de fuentes de energía que tiene el país.
