Colombia ha respondido a la denuncia presentada en su contra por parte de la energética española Naturgy con una contrademanda, por cuenta de su filial Electricaribe, en la que le exigirá una compensación por los perjuicios que, a juicio de la administración colombiana, ha causado la gestión de la distribuidora eléctrica.
Se trata de la primera vez en la historia que el Gobierno colombiano responde de esta manera contra una empresa en los tribunales internacionales de arbitraje después de que Naturgy abriera formalmente a mediados del presente año un proceso ante el Uncitral, dependiente de Naciones Unidas, en el que reclama una compensación de 1.630 millones de dólares (unos 1.435 millones de euros) por el proceso de intervención y posterior liquidación de Electricaribe, de cuyo capital aún posee un 85%.
El proceso, que pasó posteriormente a ser gestionado bajo las normas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la instancia de arbitraje del Banco Mundial, fue registrado oficialmente a mediados del pasado mes de junio requería una primera respuesta formal del demandante para articular su defensa.
El Gobierno colombiano ha sorprendido con una contrademanda que, sin duda, alargarán aún más un procedimiento que ya estaba previsto que se demorara en torno a cuatro años.
Aunque aún tiene que perfilar los detalles de su demanda (en la que aún no aparece cuantificada una reclamación monetaria), el Estado colombiano sostiene que una mala gestión de Electricaribe por parte de Naturgy fue lo que llevó a la empresa a ser insostenible, lo que obligó al Gobierno a intervenirla para evitar que su delicada situación financiera pusiera en peligro el suministro de la región del Caribe, en la que opera.
La cuantía, en agosto
Además, el Gobierno sostiene que la gestión de Naturgy durante más de un década se vio envuelta en multitud de tensiones y problemas que generaron perjuicios tanto sociales como de prestación de servicio a los usuarios del sistema eléctrico y que, por este motivo, se encuentra en disposición de exigir una compensación a la compañía.
La denuncia de Naturgy se basa en la consideración de que los procesos de intervención y posterior liquidación fueron, en realidad, una expropiación encubierta y que la situación financiera de Electricaribe (que, en efecto, ponían en riesgo la prestación del servicio de distribución) se debió a los continuos y crecientes casos de mora y fraude que se perpetuaron en el tiempo sin que los diferentes gobiernos tomaran cartas en el asunto para tratar de resolverlos pese a las repetidas advertencias del grupo español.
Hasta el momento de la intervención de Electricaribe, a finales de 2016, Naturgy estimó el agujero generado por estas circunstancias en las cuentas de su filial colombiana en más de 1.200 millones de euros desde que la antigua Unión Fenosa tomara el control de la empresa, a comienzos del presente siglo.
Como demandante en este caso, el Estado colombiano tiene de plazo hasta el mes de agosto para cuantificar con precisión las reclamaciones económicas que van a exigir a Naturgy. Hasta entonces no se conocerá la cantidad, aunque todo apunta a que ya cuenta con una valoración inicial.
La respuesta, que incluye la contrademanda, fue registrada oficialmente ante el Ciadi el pasado día 5 de diciembre.
Frustrada venta a Enel
En paralelo con el desarrollo de este proceso, el Gobierno colombiano inició un proceso para la venta de Electricaribe que, actualmente, se encuentra en vía muerta toda vez que tan solo se recibió una oferta formal, la del grupo italiano Enel (accionista mayoritario de Endesa), que podría toparse con problemas de competencia en el país.
Además, algunos representantes políticos han alzado la voz contra el proceso, al entender que debería ser competitivo. Al mismo tiempo, los responsables de Enel también manifestaron su deseo de contar con, al menos, un socio local para llevar a cabo la operación.
