La Procuraduría General de la Nación envió un concepto a la Corte Constitucional en el cual solicita declarar inconstitucional la ley de infraestructura que establece al Estado pagos por la terminación anticipada de proyectos.
La norma establece que en los contratos de Alianzas Público Privadas (App) anulados, “el Estado deberá reconocer al contratista todo lo ejecutado, con interés y actualización según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluidos los convenios declarados nulos por causas relacionadas con conductas ilícitas”
Es de mencionar que el excontralor, Edgardo Maya, demandó la ley al considerar que podría abrir la puerta para que el Estado termine pagando a Odebrecht el soborno que cobró en el país por varias obras de infraestructura como la Ruta del Sol, que no se terminó.
De acuerdo con la Procuraduría, el concepto que la norma es contraria a las características de las APP que tienen como objetivo principal proteger los recursos públicos.
(Con información de RCN Radio)
