Ley de financiamiento mantiene latentes preocupaciones fiscales a mediano plazo: Corficolombiana

El Congreso de la República aprobó a finales del año pasado la Ley de Financiamiento con la cual el Gobierno espera que los ingresos tributarios aumenten en aproximadamente $7 billones (0.7% del PIB) en 2019.

De acuerdo con un análisis de Corficolombiana, dentro de los aspectos positivos de la ley resalta que disminuye la carga tributaria para las empresas –si bien la aumenta para personas naturales– así como las medidas conducentes a aumentar la formalidad empresarial, especialmente la definición de una hoja de ruta para implementar la factura electrónica y el régimen “simple” de tributación para empresas pequeñas.

En efecto, dijo, la tarifa de impuesto sobre la renta corporativo disminuirá a su nivel más bajo desde 2012, al pasar de 37% en 2018 (33% de tarifa general y 4% de sobretasa) a 33% en 2019, y además bajará un punto porcentual por año, estabilizándose en 30% a partir de 2022.

Por el lado negativo, dijo que el recaudo será inferior al que buscaba el Gobierno, vendrán recortes al Presupuesto de 2019 y se mantiene la incertidumbre del ajuste fiscal a mediano plazo.

Las modificaciones realizadas al proyecto de ley presentado inicialmente por el Gobierno implican que el recaudo tributario será apenas la mitad del que buscaba para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2019.

El Congreso eliminó una medida que representaba el espíritu de la reforma

que propuso inicialmente el Ministerio de Hacienda, y que explicaba casi el 80% de su recaudo esperado: gravar con IVA a un mayor número de bienes de la canasta familiar y devolverlo al 30% de hogares de ingresos más bajos.

Este impuesto habría generado un recaudo adicional de $11.3 billones en 2019 y de $12 billones en 2020, de manera que al ser descartado el Congreso y el Gobierno definieron alternativas para aumentar los ingresos: el IVA plurifásico para bebidas azucaradas y cervezas (ahora quedan gravadas la distribución y la comercialización, anteriormente sólo estaba gravada la actividad de producción), la sobretasa al impuesto sobre la renta para entidades del sector financiero, entre otros.

Así, las disposiciones que finalmente quedaron incluidas en la Ley de Financiamiento lograrán aumentar los ingresos fiscales del Gobierno este año en $7.1 billones, muy por debajo de los $14.6 billones que generaba la propuesta del Gobierno.

Corficolombiana señaló que para dar cumplimiento a la Regla Fiscal este año –que indica que el déficit fiscal del Gobierno debe ser de 2.4% del PIB, frente al 3.1% que se habría registrado en 2018– los gastos de funcionamiento e inversión dispuestos en el Presupuesto de 2019 deberán ser recortados en cerca de $7 billones.

“Nos preocupa el impacto sobre el recaudo a partir de 2020 de las exenciones en impuesto de renta para los sectores de economía naranja (en donde se incluyen actividades relacionadas con industrias creativas y culturales) y el sector agrícola, así como las menores tarifas de este mismo impuesto para

el sector hotelero y las megainversiones”, dijo la entidad.

La Ley de Financiamiento se enfocó principalmente en aumentar el recaudo

tributario de 2019 (si bien establece un plan de reducción de los gastos de

funcionamiento del Gobierno hasta 2022), y estableció beneficios en impuesto de renta para algunos sectores que implicarán una reducción de ingresos para el Gobierno de 2020

en adelante.

En este sentido, Corficolombiana advierte que “la reforma aprobada mantiene latentes las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del país a mediano plazo”.

Lo anterior, dijo, implica que queda abierta la posibilidad de que se necesite otra reforma tributaria este año, o de que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) revise nuevamente –lo hizo en abril del año pasado– los parámetros de crecimiento económico o precio del petróleo de largo plazo, para permitir una senda de ajuste más flexible en los próximos años.

Algunos congresistas plantearon esta posibilidad durante el trámite de la reforma, con el argumento de que la migración venezolana genera una carga fiscal adicional para Colombia que debería ser tenida en cuenta por el CCRF.

 

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