El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Política de Formalización Empresarial que incluye una agenda integral de 65 acciones e inversiones por alrededor de $460.000 millones en los próximos diez años.
Esta política busca reducir los niveles de informalidad de la economía colombiana. Alrededor del 75% de las microempresas no está registrada y el nivel de cumplimiento de otras dimensiones de formalidad es aún menor, como por ejemplo la contratación laboral o la declaración y pago de impuestos.
El Gobierno nacional busca reducir los costos que tiene para una empresa el cumplir con las obligaciones que le implica ser formal, pues casos de estudio realizados con el Banco Mundial muestran que pasar de ser informal a formal le cuesta hoy a las MiPymes entre el 34 % y el 46 % de su utilidad bruta.
Este Conpes le apunta a garantizar un régimen de tributación simple, a flexibilizar los costos de contratación formal de la mano de obra respetando los derechos laborales y a la disminución de la carga regulatoria y trámites asociados a operar formalmente.
Otras acciones se relacionan con la reducción de la carga regulatoria, en temas de contratación formal de trabajadores (incluida la seguridad social), registro sanitario ante el Invima, producción y comercialización de bienes y servicios, entre otras.
El Conpes propone mejorar la información que se genera actualmente sobre las empresas y su nivel de formalidad. Para esto el Dane fortalecerá el módulo de micronegocios de la Gran Encuesta Integrada de Hogares que permita medir sus niveles de formalidad.
Finalmente, hacia el año 2020 se prevé la realización de un censo económico, ejercicio que no se hace desde 1990, para caracterizar de manera amplia el universo empresarial colombiano.
