Migración venezolana no encaja en motivaciones para modificar metas de la Regla Fiscal

Colombia lanza Estatus de Protección Temporal para migrantes

 

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) se apresta a tomar la que tal vez sea la decisión más importante en sus seis años de existencia. Esta instancia, que fue creada para definir de forma técnica e independiente los parámetros con los que funciona la regla fiscal, estudiará la petición del Gobierno de flexibilizar temporalmente la aplicación de esta norma, dijo Bancolombia en un reporte.

El sustento de la solicitud es el gasto que el Estado colombiano ha tenido que asumir para atender el creciente flujo de migrantes venezolanos. Las estimaciones sugieren que este gasto asciende a entre 0,3% y 0,5% del PIB cada año, y que tendría que mantenerse hasta por cuatro años más.

De acuerdo con Bancolombia, el Gobierno llega a la reunión del CCRF con dos ases fuertes bajo la manga: el respaldo que han otorgado recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

De hecho, dijo, esta última entidad citó el antecedente que varios países de la Unión Europea ajustaron sus metas fiscales en los últimos años como resultado de la ayuda proporcionada a población migrante proveniente de países en conflicto, en especial Siria.

A pesar de estos apoyos, y reconociendo que se trata de una situación que tiene un trasfondo humanitario que no puede desconocerse, Bancolombia señaló que es necesario advertir que proceder con la flexibilización solicitada puede tener implicaciones significativas para la política económica y los mercados financieros.

Una primera repercusión tiene que ver con el precedente que se sentaría. Al respecto, el banco dijo que hay que tener en cuenta que el CCRF podría, por primera vez, invocar la cláusula de excepción prevista en la ley.

Según esta, cuando ocurran eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica, se podrá suspender la aplicación de la regla fiscal. ¿Es la situación generada por la población venezolana tan crítica como para admitir este tratamiento excepcional? Veremos si el Comité lo juzga de esa manera.

Alternativamente, el CCRF podría ampliar la senda de déficit objetivo que se aprobó en 2018 en una magnitud correspondiente al mayor gasto.

En este frente, recordó el banco que en la regla fiscal solo hay dos factores que pueden llevar a que el déficit total sea superior al estructural. El primero es que la economía esté creciendo por debajo de su potencial. El segundo es que los precios del petróleo se encuentren por debajo de su promedio de largo plazo. “La atención de la población migrante no es un acontecimiento que encaje en ninguno de estos dos motivos”, advirtió el banco.

De modo que, cualquiera que sea el camino que tome el Comité, es deseable que la argumentación con la que sustente su decisión sea suficientemente sólida, y que el margen de maniobra que otorgue a las autoridades esté estrictamente acotado.

De no ser así, dijo el reporte, se abriría la puerta para que más adelante se apele a otros eventos que permitan a la administración de turno operar con unas reglas del juego más permisivas.

Otra implicación importante será el impacto sobre el monto de la deuda. En efecto, cualquier ampliación del déficit admisible conducirá a un mayor endeudamiento de la administración central.

Podría afirmarse que un aumento de dos puntos porcentuales en el indicador de deuda a PIB por cuenta de la atención a la población venezolana no es particularmente alarmante.

Esto, sobre todo si se tiene en cuenta los beneficios económicos que los migrantes le pueden reportar al país en el mediano plazo, consideró el banco.

“Sobre este punto hay que decir que lo preocupante no sería tanto el monto del incremento en el endeudamiento, sino el momento en el que se daría. Las calificadoras de riesgo han expresado en varias ocasiones que para mantener su perfil crediticio es necesario que Colombia logre corregir la tendencia de aumento ininterrumpido en la deuda pública desde 2012”, destacó el informe.

Cuando se presentó el Plan Financiero hace algunas semanas, el Ministerio de Hacienda resaltó que en 2019 se espera un superávit primario, y como resultado de ello se prevé reducir el stock de deuda. Con una meta de déficit más amplia la perspectiva de cumplir con este objetivo se desvanecería, advirtió Bancolombia.

Como puede verse, dijo, la determinación que tiene entre manos el Comité es trascendental. Por un lado, con el antecedente que establezca se pondrá a prueba la credibilidad de un mecanismo de la política económica que aún está en proceso de consolidación. De otra parte, si el objetivo final de la regla fiscal es la sostenibilidad de la deuda pública, con un mayor déficit admisible se alejaría la posibilidad de poner en cintura el saldo de la deuda del Gobierno Nacional en los próximos años.

Con estas consideraciones en mente, Bancolombia espera que el CCRF tome la decisión más conveniente para el país. Para todos resulta fundamental que Colombia siga siendo reconocida por el manejo disciplinado de su economía. De esto depende la confianza de los inversionistas, el acceso al financiamiento externo y el sostenimiento del grado de inversión, concluyó.

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