Moody’s Investors Service afirmó las calificaciones de emisor y de deuda de Bogotá y Medellín en Baa2. A su vez, la perspectiva para ambas ciudades cambió a estable, de negativa. Las evaluaciones del riesgo crediticio base para ambas ciudades también se afirmó en baa2.
Esto refleja el desempeño operativo relativamente fuerte y los indicadores financieros sanos incluyendo altos niveles de ingresos propios derivados de sus economías, niveles de deuda bajos a moderados y déficits financieros manejables que han sido originados principalmente por inversiones en infraestructura. Adicionalmente, ambas capitales han mantenido históricamente fuertes prácticas de administración y gobierno, resaltó Moody’s.
Entre 2014-2018, los déficits financieros de Bogotá promediaron 4.7% de los ingresos totales y la deuda directa e indirecta neta promedió 11.1% de los ingresos totales. Bogotá registró un déficit financiero bajo equivalente a 2.8% de los ingresos totales en 2018, y se espera que incremente a alrededor de 3% en 2019 y a casi 11% en 2020 si se llevan a cabo los proyectos de transporte planeados, principalmente los relativos al sistema del Metro de la ciudad. Los niveles de endeudamiento aumentarán en consecuencia, pero se mantendrán moderados en una equivalencia aproximada de 25% de los ingresos totales.
Por su parte, los déficits financieros de Medellín en el período 2014-2018 promediaron 2.7% de los ingresos totales y los niveles de deuda promediaron 27.5% también de los ingresos totales. Moody’s estima que Medellín haya registrado un déficit financiero de 10.7% de los ingresos totales en 2018 y que este indicador mejore a un déficit de 3% en 2019. Como resultado, los niveles de deuda aumentaron a 34.1% de los ingresos totales al cierre de 2018, en comparación con 26% en 2017.
Las perspectivas estables para Bogotá y Medellín reflejan las expectativas de Moody’s de que los fuertes indicadores financieros y de liquidez continuarán en el corto y mediano plazo para ambas ciudades. Estas fortalezas están respaldadas por fuertes prácticas de administración y gobierno interno, mismas que a pesar de sus agresivos programas de infraestructura, asegurarán que la deuda permanezca en niveles manejables.
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