En entrevista con Valora Analitik, Juan Carlos Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar (Asojuegos), habló sobre el impacto negativo que tiene para el sector la ilegalidad y, por ende, los menores recursos que se obtienen para áreas como la salud de los ciudadanos.
Para Restrepo, el tema de la ilegalidad deja varias complicaciones y afectan económicamente al sector, pues “hay varias modalidades de ilegalidad como juegos territoriales, loterías, chances o rifas que no cumplen con lo que la norma indica, rompen con la actividad, incentivan la competencia desleal y afectan principalmente a los departamentos con menores recursos para la salud”.
En este sentido, es clara la afectación hacia la salud pues los recursos que provienen de la operación de juegos van al régimen subsidiado y sus beneficiarios, quienes son los que más participan en chances y loterías, “predominan en la base de la pirámide y cuando juegan legalmente ayudan a financiar su régimen subsidiado, pero si no, se causa todo el efecto contrario, con solo perjuicios”, indicó el presidente de Asojuegos.
A pesar de que un estudio elaborado en 2018 por Fedesarrollo revela que la industria de juegos de suerte y azar en Colombia ha presentado un crecimiento positivo entre 2012 y 2017 pues las ventas del sector ascienden a $13 billones de pesos, principalmente por las ventas de los juegos localizados (77%), seguido por el chance (14%), las loterías (4%), el Baloto (3%) y Superastro (2%), el impacto de la ilegalidad es bastante notorio impactando negativamente a los colombianos.
“Por lo menos un 50% de la operación de juegos es ilegal, y se podrían estar quitando a la salud hasta $3 billones. Quisiéramos un estimativo más real para saber en realidad cuánto es el impacto de la ilegalidad”, aseveró Restrepo.
No obstante, en 2016 la industria aportó más de $1,5 billones a las finanzas públicas, de los cuales se transfirieron cerca de $700.000 millones para la salud. Por otro lado, anualmente la industria legal genera más de 300.000 empleos directos e indirectos y la inversión extranjera del sector está en crecimiento, pero su impacto sería más benéfico de contar con más herramientas para la legalidad.
En ese tema la propuesta de los gremios de juegos está orientada a un trabajo sincronizado con las autoridades, para que se pueda judicializar y haya ejemplos importantes. “Ha habido operativos contra locales, decomisos, pero es una lucha que no puede ceder, también que debe ir hacia el segmento de los juegos online, páginas no licenciadas y que generan deslealtad en la competencia, derechos de explotación y una afectación a todo el sistema”, agregó Restrepo.
A su vez, las empresas del sector han pedido al Gobierno implementar las medidas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que garantizarían un incremento en los recursos para la salud de los colombianos y las finanzas del país como la corrección en el cálculo para cobrar derechos de explotación, la ampliación y renovación del parque de máquinas actuales y la opción de aumentar la oferta de juegos online.
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