La Unión Europea estudia prohibir a China la compra de compañías estratégicas

 

La comisaria de la Competencia de la nueva Comisión Europea (CE), Margrethe Vestager, ha anunciado que su departamento estudia una propuesta del ejecutivo holandés para evitar que empresas de países terceros, que no pertenecen a los estados comunitarios, adquieran empresas europeas mediante prácticas que violan las normas de la competencia, y que podrían tener ventajas comparativas respecto de otras empresas locales, porque están financiadas por China.

Esta financiación pública está produciendo una hiperinflación de los precios de las empresas, fuera de las normas del mercado, impidiendo que sean otras sociedades europeas las que puedan buscar la oportunidad de hacer una consolidación en un sector estratégico para coger músculo con respecto a la productividad y a las posibilidades de financiación.

Bruselas considera que la Unión Europea (UE) y China son mercados mutuamente estratégicos, que comercian por un término medio de más de 1.000 millones de euros al día.

China también se ha convertido progresivamente en un competidor estratégico de la UE, sin reciprocidad de acceso a los mercados ni condiciones de competencia equitativas. El mayor peso económico de este país aumenta el riesgo de efectos colaterales negativos en la economía mundial como consecuencia de las distorsiones del sistema económico chino y de una posible recesión económica repentina. El enfoque de la UE con respecto a China debe, por tanto, tener en cuenta la naturaleza cambiante de la economía china, indicó la directiva.

En declaraciones a Financial Times, Vestager confesaba al diario británico que «detectamos que había una brecha, por ejemplo, cuando una empresa estatal compra una empresa europea y puede pagar cualquier cifra que quiera porque los potenciales rivales deben pujar contra las arcas públicas».

«Estamos en proceso de tratar de averiguar qué hacer al respecto», añadía la comisaria. La propuesta holandesa plantea que los estados miembros doten al ejecutivo comunitario de nuevas competencias para investigar la conducta de las empresas que detecte que están llevando a cabo un comportamiento distorsionador gracias a los apoyos económicos gubernamentales de sus países, o si considera que obtienen ganancias excesivas en virtud de una posición dominante en sus propios países.

(Con información de El Economista)

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