La agencia calificadora Fitch Ratings estimó hoy que no espera cambios en las calificaciones en escala nacional de los municipios y departamentos colombianos, como consecuencia de las medidas de cuarentena preventiva tomadas por el presidente Iván Duque para frenar la expansión del coronavirus.
En cuanto a las calificaciones internacionales de Bogotá, Medellín y Barranquilla, estas están ligadas a la calificación soberana de Colombia.
En opinión de la calificadora, esta coyuntura traerá retos y presiones para los entes territoriales en términos de ingresos e incremento del gasto.
No obstante, los escenarios de calificación de Fitch ya incorporan ciertos elementos de estrés sobre el balance operativo y el endeudamiento de las entidades territoriales.
Por lo anterior, dijo que las entidades cuentan con balances operativos holgados y niveles de endeudamiento moderados, lo que les otorga cierto margen de maniobra para absorber potenciales impactos fiscales.
Los ingresos operativos de los subnacionales colombianos dependen principalmente de las transferencias del Gobierno Central (aproximadamente 65% entre 2014 y 2018), donde el Sistema General de Participaciones (SGP) es el principal esquema de transferencias. Estas tienen destinación específica y no pueden ser disminuidas.
Históricamente, la bolsa de recursos del SGP ha mostrado un comportamiento contracíclico, por lo que se espera que las transferencias de la Nación hacia los entes territoriales se mantengan en las próximas vigencias fiscales.
A pesar de ello, la disponibilidad de transferencias de capital del Gobierno Central para cofinanciar proyectos de inversión podría reducirse e incrementar marginalmente las necesidades de endeudamiento de las entidades territoriales en los próximos años, elemento que ya está incorporado dentro de los escenarios de la calificadora.
Respecto a los ingresos tributarios, Fitch sentenció que el efecto de la desaceleración de la actividad económica dependerá de la duración de las medidas de confinamiento preventivo derivado del coronavirus y la detención de las actividades no esenciales.
En particular, estima que los departamentos podrían ver una caída en sus ingresos ligados a consumos de cerveza, licores y cigarrillos, lo cual afecta la financiación de la salud, considerando que son impuestos mayormente cedidos para este fin.
En cuanto a los gastos, Fitch observa que la mayor parte de la ayuda social para las personas y empresas afectadas por el confinamiento preventivo provendrá del Gobierno Central.
Sin embargo, los gobernantes locales enfrentan presiones políticas y sociales para extender el alcance de las medidas de mitigación de la pobreza en los sectores más vulnerables de la población, como en el caso de Bogotá con el programa “Bogotá Solidaria en Casa”.
En este sentido, los incrementos en el gasto dependerán de las decisiones de política social de cada entidad. Asimismo, una vez superada la medida de cuarentena preventiva, los subnacionales podrían ser fundamentales para la reactivación de la actividad económica y el empleo en sus territorios mediante los programas de inversión.
La calificadora considera que presiones de gasto adicionales podrían provenir de las pérdidas generadas por algunas entidades relacionadas con el gobierno (ERG) territoriales, particularmente los sistemas de transporte masivo, los cuales verán sus ingresos reducidos fuertemente debido a las restricciones a la movilidad de personas.
Otras ERG que podrían requerir apoyo son las empresas de servicios públicos, considerando la flexibilidad brindada por el Gobierno Nacional para el pago de las facturas de consumo de las familias más vulnerables, así como los hospitales públicos.
Por último, respecto a los efectos del decreto 444 de 2020, que establece la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) con recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), Fitch espera que esta medida no impacte el cumplimiento de los compromisos de deuda con cargo a recursos de regalías.
Lo anterior tiene en cuenta que la Nación se compromete a compensar los montos que sean necesarios para realizar los desahorros del FAE, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1530 de 2012 y a retornar los recursos utilizados en partidas anuales de $1 billón a partir de 2023.
De igual manera, el decreto establece que los recursos del Fonpet que sean destinados al Fome serán restituidos por el Gobierno Nacional en un plazo máximo de 10 años.
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