El presidente de Argentina, Alberto Fernández, firmó una orden de emergencia para retrasar los pagos de intereses de la deuda en moneda extranjera emitida bajo la ley local hasta el 31 de diciembre, lo que podría provocar un incumplimiento debido a que un pago de intereses de US$118 millones vence el ocho de abril.
Los pagos que se posponen se suman a unos US$11.300 millones ya en espera, según cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, dijo que el aplazamiento de los pagos estaba contemplado en los planes de reestructuración de la deuda e insistió en que la ley local y la deuda de la ley extranjera seguirán recibiendo el mismo trato.
Con el “trato igualitario”, a juicio de un sector de la opinión local, parece que Guzmán solo se refiere a la forma en que se reestructurarán los bonos, pero no necesariamente se refiere a su tratamiento durante el proceso de reestructuración.
En general, de acuerdo con los analistas, las decisiones del Gobierno sobre la deuda siguen siendo “erráticas”, lo dificulta la comprensión de su plan.
“Suponemos que retrasar esta deuda no estaba en los planes desde el principio, y en su lugar las autoridades se vieron obligadas a hacerlo debido a la forma en que se retrasaron las negociaciones de reestructuración debido al Covid-19”, comentaron.
Aun así —defendieron los economistas citados— a menos que el Gobierno esté cerca de un acuerdo de suspensión con los acreedores para retrasar todos los pagos de la deuda, se podría argumentar que era mejor para el Gobierno seguir pagando mientras los pagos de intereses aún son pequeños.
Al posponer los pagos de la deuda de la ley local, el Gobierno debería tener suficiente en sus reservas para seguir canjeando la deuda de la ley extranjera hasta que se llegue a un acuerdo de reestructuración, evitando así lo que sería un incumplimiento más costoso, complementaron el análisis.
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