La Procuraduría, Fiscalía y Contraloría de Colombia dieron a conocer que han detectado anomalías en 53 procesos contractuales para atención por el coronavirus en el país cuyo valor asciende a $135.918 millones.
El hallazgo, según confirmaron los titulares de esas entidades, se produjo en el marco de la estrategia conjunta llamada “Transparencia para la Emergencia”, lanzada debido a las irregularidades en torno al manejo de los recursos destinados a la crisis del coronavirus.
Dentro de las modalidades contractuales por sector se tienen 34 contratos de salud pública, 14 contratos de alimentos y cinco contratos de publicidad, especificaron las dependencias.
Reporte de Contraloría
La Contraloría informó que avanza en la acción preventiva sobre 17.486 contratos en todo el país relacionados con la emergencia.
“Se tienen 50 casos en análisis, de los cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la Diari, siete indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y un proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción”, reveló la entidad.
Reporte Procuraduría
Por su parte, la Procuraduría ha asumido más de 990 acciones preventivas en el territorio colombiano. En materia contractual se han analizado 5.586 contratos por un valor de $1,4 billones, 18 % en el ámbito nacional y 82 % en el regional.
El Ministerio Público indicó que priorizó para trámite inmediato 588 casos. En materia disciplinaria ha abierto 116 indagaciones para evaluar el trámite a juicio disciplinario y siete investigaciones que avanzan en recaudo probatorio.
Reporte Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas.
Se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones.
Así mismo, el ente acusador mencionó dos indagaciones preliminares relacionadas con entidades del orden nacional y cinco indagaciones en contra los gobernadores de los departamentos de Arauca, Magdalena, San Andrés y Vichada.
Casos más sonoros
El gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, fue suspendido por tres meses mientras se indaga una irregularidad contractual por $2.000 millones bajo su administración.
De acuerdo con los primeros detalles de este caso, el millonario negocio se firmó con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos. Aquí, de acuerdo con el Ministerio Público, se habrían infringido los principios en transparencia en la contratación.
Otro de los casos resaltados en esta declaración fue el del departamento de Arauca, en donde se detectó un proceso contractual por más de $1.000 millones. Aquí, según denunció el procurador, Fernando Carrillo, hubo sobrecostos en programas de alimentación.
Otras entidades mencionadas
En el mismo pliego se señalaron irregularidades por parte del Ministerio de Defensa, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el Ministerio de Salud y en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
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