En debate de la Comisión Tercera del Senado de la República se llegó a un acuerdo de ponencia para que mañana, desde las 7:30 a.m., se vote el proyecto de ley que pasará a plenarias para que se fijen plazos máximos en el pago a proveedores.
El plan, del cual es autor el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, busca que, a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se les garantice un periodo fijo de pago, de máximo 60 días, y que de esta manera las grandes empresas no tengan la potestad de pagar hasta a 120 días.
En la ponencia se establece que después del segundo año de aprobado el proyecto, el plazo se reducirá a 45 días y quienes cancelen bienes y servicios a proveedores en menos de 30 días tendrán beneficios próximos a conocerse.
La iniciativa es relevante más si se tiene en cuenta que desde Acopi, el gremio que reúne a las Mipymes en Colombia, se ha pedido ejecutar alivios ante la emergencia que vive cerca del 80 % del tejido empresarial colombiano.
“Por las Mipymes se ha logrado un acuerdo de todos los partidos miembros de Comisión Tercera del Senado de la República, que permite avanzar en un pago a plazos justos”, expresó Toro.
Este proyecto de ley peligraba porque se pretendía incluir un artículo que diera la potestad a las empresas negociar entre sí para fijar esos plazos, algo que para los ponentes de la iniciativa dejaba en desventaja a las compañías más pequeñas. Ese artículo quedó por fuera de la ponencia, le confirmó Toro a Valora Analitik.
De hecho, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) hizo un llamado para que “en el debate se mantenga el principio del libre mercado. Al tiempo invita a las empresas de todos los tamaños a que hagan sus mayores esfuerzos para apoyar la situación de caja de sus proveedores”.
La Andi agregó que de establecerse plazos para pago por ley se distorsionaría el mercado local, lo que llevaría a la búsqueda de proveedores por fuera del país.
Hay que recordar que fijar un periodo máximo de pago fue propuesto por el presidente Iván Duque, quien en el cuatro de enero de 2019 solicitó que ese plazo estuviera incluso por debajo de 60 días, tomando el ejemplo de lo que se ha hecho en países como Chile.
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