Van 1.149 demandas electrónicas para reclamantes de tierras

El anuncio lo hizo la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia, tras finalizar una presentación en Urabá donde fueron admitidas 39 demandas por esta vía.

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Foto: Pixabay
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El anuncio lo hizo la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia, tras finalizar una presentación en Urabá donde fueron admitidas 39 demandas por esta vía.

El director de la Unidad de Tierras, Andrés Castro, indicó que así se culminó con la implementación de la Demanda Electrónica en todas las direcciones territoriales del país.

El trabajo ha sido orientado desde la Dirección Jurídica de la Unidad, con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información logrando que a la fecha se haya implementado la modalidad de demanda electrónica en las 22 oficinas de la entidad.

Esto deja como resultado 1.149 demandas que reúnen 1.796 solicitudes de restitución que hoy están en manos de los jueces y magistrados especializados de restitución de tierras. Este proceso ha hecho posible que se profieran 192 sentencias que permite que víctimas de la violencia regresen a cerca de 2.500 hectáreas.

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La demanda electrónica es una herramienta de innovación que pone el uso de las nuevas tecnologías al servicio de los reclamantes de tierras. Entre las ventajas de la demanda electrónica están: economiza un promedio de cuatro horas por cada proceso radicado; se ahorra papel, insumos de oficina y costos en transporte.

El director Castro afirmó que este es un hecho en materia de modernización del Estado, transformación digital y ratifica el compromiso de restablecer los derechos de las víctimas de la violencia.

“La Demanda Electrónica permite un mayor control de la información que se suministra a los jueces y magistrados para definir la calidad de víctima y el derecho a la restitución de un predio. Además, agiliza el proceso, ahorra tiempo y optimiza los recursos públicos”, agregó.

Para el caso de Urabá, los procesos corresponden a 39 demandas que representan 47 solicitudes que buscan restituir predios en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Arboletes (Antioquia) y Riosucio (Chocó), que podrían beneficiar a 191 reclamantes y sus familias con más de 1.100 hectáreas.

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