Empresarios de Zona Franca de Occidente advierten riesgos ante posible fallo de Consejo de Estado

Compañías en la Zona Franca de Occidente manifiestan su preocupación por un posible fallo del Consejo de Estado que pone en riesgo millonarias inversiones que se han destinado allí por lo que piden sean escuchados en el tribunal.

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La mayoría de las 86 empresas nacionales y extranjeras que tienen presencia en la Zona Franca de Occidente en Cundinamarca (ZFO), ante el posible fallo del Consejo de Estado que declararía la nulidad o suspensión del acto sobre el uso del suelo del parque, han solicitado sean tenidas en cuenta sus observaciones en dicho proceso por considerar que las repercusiones de dicha decisión tendrían efectos muy graves en su sostenibilidad empresarial y financiera.

Esto pues, según manifiestan, la exposición de estos argumentos no ha sido tenida en cuenta hasta el momento por dicho tribunal y pone en riesgo millonarias inversiones que se han destinado.

El proceso refiere a una acción popular interpuesta hace diez años en la que se solicita el cambio del uso del suelo y afectaciones por una violación a los derechos colectivos a la moralidad pública del municipio de Mosquera con la autorización, conformación y operación de la ZFO.

Por ello, los empresarios del parque industrial otorgaron poder Marcela Monroy, de la firma Monroy Torres Abogados, quien completó la radicación de más de 40 memoriales en los que se solicita que se acepten como terceros de buena fe a las empresas que tienen presencia allí.  

“Con este procedimiento, buscamos que se tengan en cuenta los derechos de estas empresas, dado que consideramos inentendible que sus intereses no se hayan escuchado en el marco del proceso se tramita en la sala plena del Consejo de Estado; siendo que ellas serían las principales afectadas frente a la eventualidad de un fallo resulte adverso a los intereses de la ZFO; estamos hablando de miles de dólares y de empleos que estarían en riesgo y consideramos que la decisión no se puede llevar por delante el monumental esfuerzo empresarial de decenas de inversionistas nacionales y extranjeros hacen en nuestro país”, señaló Monroy.

Se calcula que el riesgo que implica el proceso vigente en el Consejo de Estado y la inestabilidad jurídica, traerían consigo impactos en las operaciones aduaneras de 42 empresas, 7.350 empleos y más de $163.545 millones invertidos en activos, plantas y adecuaciones industriales.

A esto se le suma los más de $16.181 millones que en conjunto están aprobados en distintos planes de inversión y que tendrían destino en este parque empresarial.

Las empresas que han solicitado formalmente pertenecen a sectores estratégicos de la economía nacional como fabricación de plásticos, tecnología 4.0, logística, salud y química y oil & gas como Olcasta Golden, Immagen Zona Franca, Impocoser Zona Franca, Importadora de Tuberias (IMTUB), Inversiones Santa Rosa y Kubera Group, entre otras. 

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