La agencia calificadora S&P Global Ratings señaló que sus calificaciones de Perú no se ven afectadas de manera inmediata después de que el Congreso peruano votara el nueve de noviembre de 2020 destituir al presidente Martín Vizcarra tras denuncias de corrupción de su período como gobernador del departamento de Moquegua (2011-2014).
Dado que actualmente no hay vicepresidente (Martín Vizcarra asumió el cargo cuando renunció el expresidente Pedro Pablo Kuczynski), el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió ayer la presidencia.
El gabinete, que renunció tras la destitución de Vizcarra, también cambiará.
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Considera la agencia el supuesto de que las elecciones se llevarán a cabo según lo programado en abril de 2021, y que un nuevo presidente y Congreso asumirán el cargo en julio del próximo año.
Entretanto, dijo, podría aprobarse legislación controvertida, como nuevos retiros de los fondos de pensiones -que el Congreso ha estado impulsando en los últimos meses-, aunque su escenario base es que no afectaría de manera significativa los fundamentales crediticios del país.
La destitución de Vizcarra sucede tras tres años de denuncias de corrupción y tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo.
De hecho, Merino será el tercer presidente en cuatro años. Los sucesos políticos han incluido varios procesos de vacancia desde diciembre de 2017 contra Kuczynski y Vizcarra, así como la disolución del Congreso en septiembre de 2019.
Estos eventos generan incertidumbre, dijo S&P, lo que puede disminuir la confianza de los inversionistas y reducir la capacidad para implementar reformas.
Al mismo tiempo, hasta ahora, las crisis políticas y los escándalos de corrupción no se han traducido en cambios a las políticas económicas clave de Perú.
“El país tiene un historial de continuidad en sus políticas económicas a lo largo de diferentes administraciones, lo que ha fomentado finanzas públicas estables, un manejo prudente de la política monetaria y un crecimiento económico equilibrado en las últimas dos décadas. De hecho, la baja deuda del gobierno de Perú, su disponibilidad de activos líquidos y el buen acceso a diferentes fuentes de fondeo le dieron al gobierno cierto margen de maniobra para afrontar el golpe macroeconómico derivado de la pandemia de Covid-19”, dijo la firma en su reporte.
Y agregó: “Nuestra evaluación institucional de Perú se basa en la continuidad de la política pragmática del gobierno peruano en general, independientemente del presidente. Un cambio negativo inesperado en las políticas macroeconómicas que dañe el historial de previsibilidad de Perú sería negativo para la calificación soberana. Al mismo tiempo, las crisis políticas persistentes en el futuro podrían debilitar la capacidad de implementación efectiva de medidas y de para mantener condiciones económicas favorables y finanzas públicas sostenibles, especialmente después de que la pandemia se disipe”.
La dinámica del crecimiento económico será clave para la calificación soberana en el mediano plazo y estará influida por decisiones de política.
Aunque dijo la firma actualmente Perú no tiene una agenda de reformas estructurales urgentes, hay reformas pendientes en el país para recuperar tasas de crecimiento más altas en el mediano plazo.
Si bien el crecimiento económico se mantuvo relativamente sólido durante 10 años hasta 2019, ha estado desacelerándose, debido parcialmente a los menores niveles de inversión.
El crecimiento del PIB per cápita cayó a 2,2 % en 2015-2019 desde 4,4 % en 2010-2014, y la inversión del sector privado cayó a alrededor de 18,0 % del PIB el año pasado desde 20,4 % en 2014.
La inversión pública también cayó durante ese período a 4,6 % del PIB desde 5,6 % del PIB.
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