La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción a Claro en Colombia por la suma de $285 millones.
La decisión la tomó el ente de control y vigilancia debido a que, pese a haber accedido inicialmente a las pretensiones de sus usuarios, Claro terminó por desconocer esa voluntad inicial.
De acuerdo con la Superintendencia, no se materializó ni cumplió lo decidido en favor de esos usuarios; “desconociendo el derecho que le asiste a los usuarios de que sus peticiones, quejas y reclamos (PQR) sean atendidos y resueltos de manera definitiva”.
En el marco de la investigación, se advirtió que los usuarios habrían obtenido respuestas favorables de Claro a sus solicitudes. Sin embargo, el prestador del servicio “optó por desconocer esa decisión inicial, en detrimento de la confianza de esos usuarios en que sus PQRs realmente fueran solucionadas”.
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“Así, en la investigación adelantada por la Delegatura para la Protección del Consumidor, se pudo comprobar que, en las denuncias presentadas, el operador sancionado incurrió en la omisión al deber de atender de manera efectiva y definitiva las inconformidades planteadas, ya que no materializó de manera integral ni oportuna las decisiones emitidas a favor de los usuarios”, agregó la Superintendencia.
Recordó la entidad que, en contra de la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.
