Presidente de Perú, Pedro Castillo, disolvió el Congreso de la Republica y declaró Gobierno de excepción

También decretó el Gobierno de excepción, así como la reestructuración del Poder Judicial y un toque de queda nocturno.

Pedro Castillo, presidente Perú, también decretó el Gobierno de excepción, así como la reestructuración del Poder Judicial y un toque de queda nocturno. Tomada de gob.pe.
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El presidente de Perú, Pedro Castillo anunció este miércoles, 7 de diciembre, la disolución “temporal” del Congreso de la República, el mismo día que se votaría por tercera vez su moción de vacancia.

A la par, el presidente Castillo decretó el “Gobierno de excepción”, así como la reestructuración del Poder Judicial y un toque de queda nocturno.

Asimismo, dijo que convocaría a elecciones legislativas tan pronto como sea posible y buscará elaborar una nueva Constitución Política en un periodo no mayor a nueve meses.

Lo anterior, resumido en Golpe de Estado a manos del mandatario de los peruanos, ha llevado a que lo califiquen como “dictador”.

El anuncio

“La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de los congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general han logrado crear el caos con el fin de asumir el Gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional”, dijo Castillo a través de una alocución presidencial transmitida por la Presidencia en su cuenta de Facebook.

“Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana”, añadió el mandatario.

A juicio de Castillo, la “única” agenda del Congreso desde el 29 de julio de 2021 en que él tomó el cargo de presidente de la República “ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación institucional o la renuncia a cualquier precio”.

“Para esa mayoría congresal, que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios no es posible que un campesino gobierne el país ni lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable no atendida en 200 años de vida republicana”, indicó.

De acuerdo con Castillo, esa mayoría congresal que menciona, “no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial”.

Señaló que el Congreso de Perú cuenta con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 % y 8 % a nivel nacional.

Asimismo, dijo que el ejecutivo peruano ha enviado más de 70 proyectos de ley de interés nacional “con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la Nación”. Entre ellos se incluyen acciones en términos educativos, económicos y sociales, “entre otros que no han sido atendidos”.

“El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces, con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje, sin embargo, el Congreso no investiga ni sanciona actos delictivos de sus propios integrantes”, indicó Castillo.

También acusó al Congreso de haber “destruido” el Estado de Derecho, la democracia y la separación “modificando la Constitución con leyes ordinarias con el fin de destruir al ejecutivo e instalar una dictadura congresal”.

“Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo eliminando el ejercicio del referendo”, indicó Pedro Castillo.

Asimismo, recordó que el Congreso no le ha autorizado salir del país para cumplir con agenda internacional, como fue el caso de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, en agosto de este año.

A su juicio, con argumentos “absurdos, como el de que el presidente se va a fugar”.

Luego de exponer sus argumentos contra el Congreso de la República, Castillo sentenció: “esto no puede continuar”.

En consecuencia, anunció que, en atención al reclamo ciudadano “tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción, orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia”.

Así, en palabras de Castillo, estas fueron las medidas tomadas:

  1. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional.
  2. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
  3. A partir de la fecha, y hasta que se instale el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
  4. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022 desde las 22:00 hasta las 4:00 del día siguiente.
  5. Se declara en reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.
  6. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas, quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley.
  7. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.
  8. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los actores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna.
  9. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
  10. Se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado que se sustenta en el principio que señala: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, es decir, se respeta y se garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación del Estado en protección de los derechos de los trabajadores.
  11. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables.
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