Ley de Garantías: ¿qué es y cuándo empieza a regir este 2023?

Diversos colombianos celebran contratos con el Estado, pero este 2023 muchos están preocupados porque empieza a regir la Ley de Garantías.

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Siga este paso a paso para rechazar una oferta laboral. Foto: tomada de istockphoto.com - megaflopp
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Diversos colombianos celebran contratos con el Estado para tener estabilidad, ingresos mensuales fijos y sumar experiencia laboral, sin embargo, este 2023 muchos están preocupados porque empieza a regir la Ley de Garantías.

Como lo define Función Pública, la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías Electorales promueve el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa.

Está diseñada para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes, y por ello, cuatro meses antes de que sean las elecciones no se pueden celebrar contratos interadministrativos.

Es decir, desde el 29 de junio de 2023 no se podrán hacer contratos directos en el sector público, afectando la economía y planes de desarrollo de diversas entidades por las elecciones territoriales.

Hay que tener presente que estos contratos directos son los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento de inmuebles y contratos con proveedor exclusivo.

Los colombianos elegirán gobernadores de los 32 departamentos, alcaldes, diputados de Asambleas Departamentales, concejales municipales y ediles de Juntas Administradoras Locales el 29 de octubre.

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Por lo que, si está en proceso de aplicar a un concurso de Simo, y llega a ser seleccionado por sus méritos y conocimientos, el proceso de contrato con el Secop debe ser adelantado por la institución o entidad antes de junio.

En el caso de las elecciones presidenciales el presidente no puede asistir a inauguraciones de obras públicas, entregar personalmente bienes o recursos estatales ni referirse a los candidatos políticos en sus presentaciones públicas.

Finalmente, tampoco puede utilizar o incluir imágenes, símbolos, o consignas de campaña presidencial ni utilizar bienes del Estado que no sean para su seguridad personal.

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