El Congreso de la República continuará este martes 6 de mayo con la discusión del proyecto de acto legislativo 017 de 2024, que busca habilitar el transfuguismo político, es decir, permitir que congresistas y otros funcionarios elegidos por voto popular puedan cambiar de partido sin sanciones.
La iniciativa busca modificar las reglas del juego electoral a solo meses de que comience el calendario electoral de 2026 y el próximo martes la discusión llegará a su sexto debate.
Cabe mencionar que la sesión anterior fue suspendida por fallas técnicas en el sistema de votación electrónica y por la falta de quórum.
El clima para aprobar el transfuguismo
El proyecto, impulsado por el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, propone que los funcionarios puedan cambiar de partido una vez cada cuatro años, siempre que renuncien a su colectividad actual al menos un mes antes del cierre de inscripciones.
Actualmente, la ley exige una renuncia con al menos un año de anticipación.
El panorama para ser aprobado tiene varias dudas porque las bancadas del Partido Conservador, Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido de la U ya han manifestado su rechazo y han votado en contra del articulado en las sesiones anteriores.
Y es que desde la sociedad civil también se han encendido las alertas. Freddy Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió que la propuesta representa un retroceso frente a las reformas políticas de 2003 y 2009, que buscaban precisamente consolidar el sistema de partidos y evitar su fragmentación.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano alertó que, de aprobarse, “la norma permitiría que ediles, concejales, diputados y congresistas cambien de partido durante su mandato, lo que podría afectar la transparencia, la coherencia ideológica y la estabilidad política”. Agregó que, en el caso del Pacto Histórico, la medida facilitaría una reunificación de fuerzas en una lista única, algo que las normas actuales no permiten.
Desde Transparencia por Colombia, su director Germán Andrés Hernández advirtió sobre los riesgos para la institucionalidad democrática, la financiación pública de los partidos y la responsabilidad política. Señaló que permitir cambios de colectividad sin sanción alguna podría generar conflictos de interés, al legislar en beneficio propio.
A pesar de la resistencia de varios sectores políticos, algunos legisladores siguen atentos a su aprobación, viéndola como una “tarjeta verde” que les permitiría cambiar de colectividad justo antes de las elecciones.
