La consulta popular que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro podría tener un costo para el erario superior a los $600.000 millones, según cálculos de expertos en el tema.
Esa necesidad de buscar recursos se da en medio de uno de los apretones fiscales más fuertes de los últimos años y con un déficit fiscal que arrancó el primer trimestre del año 2025 en niveles de -2,1 % del PIB, siendo el más alto desde que se inició el registro de esta serie en el año 2004.
Pese a ello, el presidente Petro anunció hoy desde su cuenta en la red social X que sostuvo una reunión con la Registraduría para asegurarles que los recursos están garantizados.
Sin dar mayores detalles, el mandatario dijo que los recursos saldrán de vigencias futuras y de partidas que serán desplazadas.
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Como se sabe, las vigencias futuras son recursos comprometidos que hacen parte del presupuesto nacional y que están principalmente destinados a proyectos de infraestructura.
Desde hace meses, Petro y sus ministros han acusado a gobiernos anteriores de comprometer esas vigencias futuras a proyectos viales en diferentes regiones del país y que no hay partidas de esos recursos para otras iniciativas como colegios, hospitales, entre otros.
En su cuenta de X, Petro no revela cuáles proyectos que tienen recursos comprometidos se verán afectados por la modificación en las partidas.
También en diversos escenarios públicos, el presidente de Colombia ha dicho que el país se dedicó a construir vías que solo les sirven a los dueños de camiones que son también “los dueños del capital”.
La destinación de más de $600.000 millones para la consulta popular se da además en un escenario en el que el Gobierno Petro ha incumplido compromisos financieros como los pagos de subsidios a diversos sectores y el pago de la deuda de opción tarifaria a los generadores de energía, mientras que se cierran opciones que necesitan financiación como nuevos cupos educativos en el Icetex.
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