La Corte Suprema de Estados Unidos inicia la revisión de un caso que podría redefinir el alcance de la ciudadanía por nacimiento en ese país.
Esto surge a raíz de la Orden Ejecutiva 14160, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero, que busca negar la ciudadanía automática a niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales, incluyendo a aquellos con visas temporales o en situación migratoria irregular.
Los jueces tienen previsto escuchar los argumentos sobre la solicitud de emergencia del gobierno para reducir las medidas cautelares emitidas por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts que bloquean la directiva de Trump a nivel nacional. Esto sin dejar de lado que la orden de Trump probablemente viola la cláusula sobre ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas del país norteamericano y del estado donde residen.
Gobierno Trump solicita límites para otorgar la ciudadanía por nacimiento
De acuerdo con información de Reuters, el gobierno de Trump ha solicitado a la Corte Suprema que limite el alcance de las órdenes judiciales que impiden la implementación de la orden ejecutiva, permitiendo su aplicación en los 28 estados que no han presentado demandas en su contra.
La administración sostiene que la cláusula de ciudadanía no se extiende a los inmigrantes que están en el país ilegalmente ni a los inmigrantes cuya presencia es legal pero temporal, como los estudiantes universitarios o aquellos con visas de trabajo.
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El Departamento de Justicia ha argumentado que estas personas no están sujetas a la «jurisdicción política» de Estados Unidos porque su lealtad principal es hacia países extranjeros.
“La ciudadanía automática por derecho de nacimiento alienta la inmigración ilegal y el «turismo de nacimiento» de mujeres embarazadas que viajan a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos”, afirmó el Departamento de Justicia.
Aunque la administración no está cuestionando directamente la constitucionalidad de la política, busca reducir el alcance de las medidas cautelares emitidas por tribunales inferiores.
Este caso también plantea un debate sobre el poder de los tribunales federales para emitir mandatos judiciales de alcance nacional, una herramienta que ha sido utilizada para bloquear políticas presidenciales en múltiples ocasiones.
La decisión de la Corte Suprema podría tener implicaciones significativas tanto para la política migratoria como para la autoridad judicial en EE. UU., afectando potencialmente a más de 150.000 bebés nacidos cada año en el país.
