Tras varios meses de incertidumbre sobre el ajuste salarial para los trabajadores del sector público, el Gobierno Nacional definió un incremento del 7 % en los salarios para el año 2025.
La medida beneficiará a los empleados que laboran en distintas entidades del Estado, incluyendo a docentes del magisterio, funcionarios del sector judicial y otros servidores públicos, destacando que este ajuste tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de enero del presente año.
Este porcentaje de aumento se determinó considerando la suma del 5,2 %, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para 2025, y un adicional del 1,8 %, lo que en conjunto representa el ajuste del 7 %. La decisión busca preservar el poder adquisitivo de los empleados públicos frente a la inflación registrada.
Teniendo en cuenta que la medida tiene carácter retroactivo, los trabajadores recibirán un pago acumulado correspondiente a los meses transcurridos desde enero hasta la fecha en que se haga efectivo el nuevo esquema salarial. Es decir, el reajuste no solo impactará los pagos futuros, sino que también incluirá una compensación por la diferencia entre el salario percibido desde inicios de año y el nuevo monto oficial.
¿Desde cuándo comenzará a regir el retroactivo para empleados públicos?
Pese a que no se ha establecido un plazo límite para la ejecución de este, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha instado a las entidades del Estado a adelantar con celeridad los trámites correspondientes. El objetivo es evitar retrasos que puedan afectar la estabilidad económica de los empleados.
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En este sentido, las oficinas de talento humano o de gestión administrativa de cada entidad son las encargadas de coordinar y garantizar que los pagos se realicen oportunamente.
Desde el Gobierno Nacional se ha reiterado que este incremento salarial responde a un compromiso con el bienestar de los trabajadores del sector público. El porcentaje acordado, equivalente al IPC más un punto porcentual adicional (1,9 %) para el próximo año.
Con este reajuste, el Ejecutivo busca dar cumplimiento a las disposiciones legales que establecen la revisión anual de los salarios en el sector público, asegurando que estos reflejen las variaciones del costo de vida y mantengan su valor real en el tiempo.
