El próximo 20 de julio, el gobierno Petro radicará ante el Congreso los proyectos de ley que establecerán los fundamentos legales de la política de “paz total”, una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro.
Así lo anunció el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien explicó que los denominados “estatutos” contendrán dos pilares esenciales para avanzar en la superación del conflicto armado y la criminalidad organizada en Colombia.
“El primero es un marco para el sometimiento de organizaciones criminales, con colaboración efectiva con la justicia. El segundo, un marco jurídico para la desmovilización de grupos insurgentes, sin que esto implique impunidad”, señaló Montealegre en rueda de prensa.
El ministro enfatizó que el nuevo enfoque no será un “camino de impunidad”, sino una ruta que buscará armonizar el derecho a la paz con los derechos de las víctimas. “Vamos a enfrentar la violencia con equilibrio entre la necesidad de justicia y la construcción de paz. Mano tendida, pero con pulso firme”, advirtió.
Retos para la paz total
La presentación de los estatutos se da en un contexto complejo para la política de paz total. Las negociaciones con el ELN están suspendidas tras una arremetida violenta que llevó al Gobierno a congelar los diálogos.
También hay conversaciones en marcha con disidencias de las Farc, como el grupo de alias Calarcá y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, surgida tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez.
En este panorama de avances parciales y retrocesos, el Gobierno espera que los nuevos marcos jurídicos impulsen con mayor claridad y solidez la implementación de acuerdos futuros, tanto con estructuras criminales como con actores insurgentes.
Otro intento por la reforma a la justicia
Además de los proyectos relacionados con la paz total, Montealegre anunció que se impulsará una segunda fase de reforma a la justicia, que será construida “desde las bases”, en coordinación con sindicatos, jueces, fiscales y asociaciones del sector.
Esta nueva agenda legislativa llega un mes después de que el Congreso aprobara una primera reforma judicial enfocada en descongestionar el sistema penal, ampliar el principio de oportunidad y fortalecer los mecanismos de reparación.
Uno de los focos de atención del Ministerio de Justicia será, según el funcionario, la justicia arbitral, donde se han denunciado casos de corrupción y fallos irregulares. También se revisará a fondo la justicia de familia y la justicia comercial. “Hay ámbitos donde se han presentado escandalosos casos de violación de la ley que deslegitiman esos escenarios judiciales”, afirmó.
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