La Contraloría General de la República emitió una opinión negativa sobre los estados financieros de la vigencia 2024 del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial, administrado por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria y sujeto de control de la Contraloría delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.
El Fondo Empresarial es un patrimonio autónomo constituido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en donde el superintendente ejerce como ordenador del gasto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, y cuya existencia ha sido reiterada por las leyes 1151 de 2007, 1450 de 2011, 1753 de 2015 y 1955 de 2019.
Este instrumento tiene como propósito principal fortalecer la capacidad de la Superintendencia en el desarrollo de procesos de toma de posesión, tanto en su fase de administración temporal como en liquidación, con el fin de salvaguardar la continuidad y la viabilidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
El fondo se financia con recursos provenientes de distintas fuentes entre ellas: ingresos por la tarifa establecida en la Ley 1955 de 2019, ingresos por multas, excedentes de la Superservicios, de la CRA y la CREG, reintegros y cancelaciones de contratos de mutuo, pignoraciones, rendimientos de recursos de terceros y otros ingresos.
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Deficiencias críticas que dan lugar a los hallazgos en el Fondo Empresarial de la Superservicios
El informe de auditoría financiera reveló deficiencias críticas en los controles contables, contractuales y de seguimiento, que derivan en diez hallazgos administrativos, de los cuales tres presentan presunta incidencia fiscal por $593.737 millones.
Tales hallazgos han sido trasladados para su respectiva evaluación dentro del procedimiento de responsabilidad fiscal.
De estos hallazgos, el que más se destaca está relacionado con los contratos de mutuo Nos. 134, 141 y 146 suscritos con Electricaribe S.A. E.S.P., en los cuales no se aplicaron las disposiciones que establecen los plazos pactados, las actualizaciones con una tasa igual al IPC del año inmediatamente anterior y los correspondientes intereses moratorios.
Una situación similar se evidenció en los contratos No. 180 y 181, en relación con el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula tercera, donde se estableció un plazo máximo de 12 meses para el pago de los recursos derivados de tales contratos y que, una vez vencido el termino, Electricaribe quedaría comprometido con el pago de intereses moratorios sobre el monto del capital en mora.
En consecuencia, se concluye que el Fondo Empresarial no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo oportuno, lo que podría haber comprometido la adecuada gestión de los recursos públicos involucrados.
Como consecuencia de estas deficiencias, la Contraloría General de la República pone de presente una posible afectación a la capacidad de recuperación del capital prestado, lo que podría comprometer la sostenibilidad del Fondo Empresarial como mecanismo de apoyo a empresas de servicios públicos intervenidas.
Además, se identificó un debilitamiento estructural del control interno, que fue calificado “con deficiencias”, tras evidenciar fallas en conciliaciones bancarias, ausencia de soportes en pagos, falta de garantías suficientes para respaldar obligaciones y un aumento del riesgo de impago.
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Plan de mejoramiento
La Contraloría General de la República insta al Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial a presentar un Plan de Mejoramiento con medidas correctivas concretas, orientadas a fortalecer la gestión financiera, operativa y contractual del fondo, asegurando la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
