La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), estableció que los gobiernos deben actuar sin demora para garantizar un clima estable y un ambiente sano, dejando en claro que la protección de los derechos humanos frente al cambio climático es una obligación prioritaria e ineludible para los Estados.
La Corte dejó en firme que las empresas también tienen obligaciones en relación con el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos, poniendo así de forma inequívoca los derechos de las personas y de la naturaleza, tanto de esta como de las futuras generaciones, por encima de los intereses económicos que han contribuido a la crisis climática.
Se trata de un pronunciamiento histórico, resultado de la solicitud presentada por Colombia y Chile en 2023, que marca un precedente en la región al establecer directrices claras sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática y su impacto en la vida, salud, agua, alimentación, vivienda, cultura y otros derechos humanos.
El impacto legal del cambio climático
Esta decisión se fundamenta en evidencia científica clara que demuestra que las actividades humanas, especialmente el uso de combustibles fósiles y la deforestación, están generando impactos que vulneran derechos fundamentales.
“Los Estados tienen una obligación legal de proteger nuestro futuro. Desde Greenpeace consideramos esta decisión, sin precedentes, como una herramienta poderosa para elevar el estándar de responsabilidad de los Estados y empresas y fortalecer la acción climática con un enfoque de justicia y derechos. La corte lo fue clara: se acabó la inacción, es momento de políticas públicas concretas, ambiciosas y con enfoque de derechos humanos”, señaló Laura Caicedo, coordinadora de Campañas en Greenpeace Andino.
Uno de los aportes más relevantes de este proceso ha sido el rol central de la sociedad civil. Con 265 observaciones escritas y más de 150 intervenciones orales, esta Opinión Consultiva ha sido la más participativa en la historia del Tribunal.
Organizaciones, movimientos sociales y comunidades directamente afectadas presentaron argumentos legales, científicos y testimoniales que han enriquecido el proceso y garantizado que el derecho internacional se construya desde los territorios, no sólo desde los escritorios del poder.
Esta decisión representa un paso sin precedentes, la Corte también reconoció el derecho de la naturaleza y los ecosistemas a mantener sus procesos ecológicos esenciales, un avance clave para América Latina y el Caribe, una de las regiones más biodiversas del planeta.
Será fundamental para enfrentar la triple crisis planetaria y avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que respete los límites planetarios y garantice los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Cambio climático y derechos humanos
Así mismo, esta decisión está alineada con los principios de la Declaración de Manaos, reforzando la protección de ecosistemas clave como la Amazonía, glaciares y océanos; garantizar los derechos de los pueblos indígenas; y priorizar soluciones basadas en justicia climática y social.
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Además, los gobiernos deben garantizar no solo el derecho a un ambiente sano, sino también el acceso real a la justicia, la información y mecanismos de reparación cuando las comunidades sufren daños climáticos.
El pronunciamiento marca un punto de inflexión al reconocer el vínculo entre la crisis climática y los derechos humanos. Se trata de una herramienta para fortalecer el litigio climático, orientar la política pública y servir de guía tanto para los Estados como para la ciudadanía.
Asimismo, esta decisión es especialmente significativa para América Latina y el Caribe, ya que reconoce los impactos diferenciados que el cambio climático está generando en la región.
