Recientemente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) inició un proceso sancionatorio contra la empresa Sacyr, encargada de ejecutar la construcción de la doble calzada del megaproyecto Pamplona-Cúcuta, bajo la concesión Unión Vial Río Pamplonita.
Según la entidad, se han identificado presuntos incumplimientos relacionados con el proceso de licenciamiento ambiental.
A través de un documento oficial, la ANLA informó que no fue admitido un recurso presentado por la empresa, al considerar que se habría omitido información ambiental clave para el desarrollo del proyecto. Dentro de las omisiones señaladas se encuentran datos relevantes sobre los impactos residuales del proyecto, así como indicadores económicos esenciales para la evaluación de la viabilidad ambiental.
En respuesta, Sacyr emitió un comunicado en el que señala: “La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) notificó al concesionario el inicio de un proceso sancionatorio que se encuentra en etapa de investigación para verificar presuntos hechos u omisiones constitutivas de infracción a obligaciones de reporte de información ambiental”.
La compañía agregó que, desde el inicio de la construcción del corredor vial Pamplona-Cúcuta, se han radicado de manera oportuna los informes requeridos por la entidad. Además, afirmaron que se han aplicado metodologías técnicas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, con base en estudios especializados.
Asimismo, Sacyr indicó que, más allá de los reportes entregados, ha respondido a cada uno de los requerimientos formulados por la ANLA a través del concesionario. La empresa subrayó su disposición a colaborar con el proceso y reiteró que ha actuado conforme a los procedimientos establecidos para obtener la licencia ambiental del proyecto.
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Frente a la decisión de la entidad, Sacyr manifestó su desacuerdo y anunció que ejercerá su derecho de contradicción y defensa. “Acreditaremos el cumplimiento de nuestras obligaciones en el tiempo y la forma debida”, aseguró la compañía.
Sanción que enfrentaría Sacyr si se encuentran incumplimientos
De confirmarse las infracciones señaladas por la ANLA, la empresa podría enfrentar sanciones económicas de hasta 1.000 salarios mínimos ($142.300 millones). Esta cifra corresponde al monto máximo contemplado por la normativa ambiental vigente para casos de este tipo.
No obstante, la legislación permite que las empresas involucradas presenten propuestas de corrección o compensación como mecanismo para reducir o incluso evitar la sanción. En ese sentido, Sacyr podría plantear acciones correctivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones ambientales y permitan dar continuidad al desarrollo del proyecto.
El proceso sancionatorio aún se encuentra en etapa de investigación, por lo que se espera que, en los próximos meses, la ANLA emita una decisión definitiva basada en los resultados del análisis técnico y jurídico del caso.
