Las acciones en contra de esquemas de captación ilegal de recursos siguen su curso y ahora la Superintendencia de Sociedades ordenó la suspensión de actividades de dos compañías por incurrir en esta práctica.
De acuerdo con la entidad, la intervención recae sobre las firmas VSF Factor y Nanotecnología Ambiental de Colombia, así como sobre sus representantes legales: Javier Ricardo Escandón Santos, Diana Paola Ruiz García y Jesús David Forero Gómez.
En esta ocasión, las compañías sujetas de la medida de la SuperSociedades utilizaron un mecanismo para el cual no estaban autorizadas, como es el caso del factoring, es decir, la compra y venta de facturas.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que, aunque existen operaciones que son legales, como el factoring, o compra y venta de facturas u otros títulos valores para ejercer esta actividad, “las sociedades deben ceñirse estrictamente a lo que corresponde con estos negocios”.
Además, dijo que las firmas no deben “pretender disfrazar o asimilarlos con otras operaciones que resultan ser captación no autorizada de dineros. Por esta razón, se hace un llamado para que las sociedades den aplicación rigurosa de las normas que las rigen y no perder así el objeto que las orienta”.
Se buscará devolución de recursos: viene intervención judicial
La investigación determinó que VSF Factor “recibía dinero del público con la promesa de devolverlo, más una utilidad, en un tiempo determinado” y, para tal efecto, entregaba pagarés como garantía del dinero que recibía”. Esta operación se realizaba mediante contratos denominados factoring.
Sobre esto, la SuperSociedades explicó que, si bien la mencionada empresa tenía dentro de su objeto el desarrollo de operaciones para compra de facturas o títulos valores, “el negocio no correspondía a operaciones de factoring por cuanto se obligaba a través de pagarés propios, recibiendo el dinero por medio de Nanotecnología”.
Con esto en mente, las sociedades indicadas desarrollaron una operación que involucra actividades que se enmarcan en los supuestos de captación no autorizada de dineros del público, con un pasivo de $4.225 millones, con aproximadamente 80 personas.
La SuperSociedades recordó que sus facultades tienen por objeto “restablecer y preservar el interés público, el orden social y los derechos de los depositantes”, razón por la cual se ordenó la suspensión de las actividades de captación no autorizada de dinero. Además, destacó que “se iniciará próximamente el proceso de intervención judicial por esta Superintendencia para buscar la devolución de los dineros a los afectados”.
