Un nuevo proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso y está a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro ha encendido las alarmas entre firmas encuestadoras.
La iniciativa, que fue tramitada y aprobada durante el más reciente periodo legislativo, establece que las encuestas de intención de voto solo podrán publicarse dentro de los tres meses anteriores al inicio del proceso de inscripción de candidaturas.
En el caso de las elecciones presidenciales de 2026, solo podrían hacerse públicas a partir del 31 de octubre de 2025. Esta restricción ha sido calificada por varias firmas como un retroceso en materia de transparencia e información electoral.
Valora Analitik habló con las firmas encuestadoras, para conocer los reparos que tienen frente a la nueva norma.
Por un lado, Martín Orozco, gerente general de Invamer, expresó su preocupación frente a lo que considera una iniciativa que se tramitó “a escondidas”.
Según la firma, la ley atenta contra la libertad de expresión, la propiedad intelectual, el derecho al trabajo, la libre competencia y el derecho ciudadano a informarse.
También advirtió que: “Potencian las fake news en redes sociales y discriminan a nuevas figuras políticas ya que solo se puede preguntar por personajes conocidos o con ‘favorabilidad manifiesta’”.
Víctor Muñoz, cofundador de la encuestadora Guarumo, señaló que esta norma limita severamente el seguimiento de la opinión pública en un momento crucial del proceso electoral.
Aseguró que: “Restringir la publicación de encuestas a solo tres meses antes de inscripciones es una medida sin precedentes y reduce la transparencia y calidad del debate democrático”.
Además, denunció que la norma fue aprobada de forma apresurada, sin audiencias públicas ni espacios de discusión con los actores técnicos del sector: “Esto se refleja en vacíos operativos de la norma. Si se revisa las actas y los tiempos del Congreso de la República se podrá observar que el tercer y cuarto debate se hicieron corriendo en el cierre de la legislatura. Sin la debida publicidad de este”.
Entre las principales dudas sobre el proyecto están la interpretación de términos ambiguos como “notoriedad pública”, la falta de claridad sobre el uso y protección de datos personales que deberán entregarse al Consejo Nacional Electoral (CNE), y el significado de expresiones como “leyes de la estadística”. También hay incertidumbre sobre si la ley aplicará para encuestas realizadas durante consultas internas de los partidos, ya que el texto solo menciona inscripciones oficiales.
A esto se suma la inquietud por posibles limitaciones al uso de tecnologías distintas a la recolección telefónica o presencial, y la concentración de funciones en el CNE, que asumiría roles como regulador, auditor, sancionador y custodio de microdatos, sin establecer mecanismos claros para impugnar sus decisiones.
“Con esta incertidumbre, y con esos riesgos, es probable que algunas empresas encuestadoras tomen la decisión de no realizar encuestas para cargos de elección popular y de opinión política, afectando el acceso de información a la ciudadanía”, señala Guarumo.
Por otro lado, Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, señaló que se debió de tramitar una ley estatutaria, porque están regulando un derecho fundamental, la libertad de expresión.
Y agregó: “Nos sorprende que en un mundo de influencers y redes sociales se esté restringiendo la única fuente de información de la política con una ficha técnica que presenta cómo se construyó la información”, sostuvo el CNC.
Criticó también la ambigüedad de las exigencias de tamaño muestral mínimo y la falta de criterios claros para definir qué encuestas estarían permitidas y cuáles no: “Realizar encuestas de intención de voto es fundamental para la estrategia de las campañas, restringirlas a tres meses antes es dañino para la democracia”.
Desde la industria encuestadora advierten que la combinación de restricciones temporales, cargas técnicas excesivas y sanciones desproporcionadas puede llevar a que varias empresas se abstengan de realizar encuestas políticas en el próximo ciclo electoral.
Para muchos, más que regular, la iniciativa representa un cerco injustificado a la deliberación democrática.
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