El expresidente César Gaviria, actual líder del Partido Liberal, publicó una carta abierta en la que responsabiliza al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.
En el documento de siete páginas, Gaviria advierte que el país enfrenta una emergencia institucional y jurídica que exige medidas urgentes y estructurales.
“La culpa sobre la demolición deliberada del sistema y su crisis actual recae sobre el ministro Jaramillo”, señala el expresidente en su análisis.
Según Gaviria, la salud se ha convertido en la principal preocupación de los colombianos —incluso por encima de la seguridad—, y cita cifras de la más reciente encuesta de Invamer que revelan que el 79 % de la ciudadanía tiene una percepción negativa sobre la calidad del servicio.
El dirigente liberal critica al Gobierno Nacional por desatender fallos de la Corte Constitucional que establecen la salud como un derecho fundamental.
Además, denuncia que se han tomado decisiones arbitrarias, como intervenciones a EPS sin el debido proceso legal. También retoma hallazgos de la Contraloría, que advierte que 16 EPS tienen problemas de liquidez y que el sistema arrastra una deuda cercana a los $32,9 billones, lo cual compromete el acceso a medicamentos y los pagos al personal médico.
En su carta, Gaviria recuerda que el propio ministro Jaramillo reconoció públicamente que las EPS están siendo “llevadas a cuidados intensivos” para facilitar la implementación de una reforma estatal. A juicio del expresidente, esto constituye una estrategia de asfixia institucional que pone en peligro la vida de millones de colombianos.
Gaviria exige a la Fiscalía que inicie una investigación formal contra el ministro por una posible omisión dolosa en la administración del sistema. También hace un llamado a la Contraloría y la Procuraduría para que actúen.
Finalmente, propone que se avance hacia la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional, una herramienta excepcional del poder judicial colombiano para forzar al Estado a corregir violaciones estructurales de derechos humanos cuando los mecanismos ordinarios han fracasado. No se aplica a cualquier crisis, sino a aquellas donde la Constitución ha sido violada de forma continua y sistemática.
“La situación es crítica y exige respuestas del más alto nivel. Es momento de actuar con decisión antes de que esta crisis desemboque en un conflicto jurídico de gran escala”, concluye la misiva.
