El pasado 27 de junio, la Corte Constitucional ordenó devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes la reforma pensional del Gobierno Petro por vicios en el trámite legislativo.
En ese entonces, se alegó que la Cámara decidió acoger el texto aprobado por el Senado sin discutir ni debatir los artículos, y es que en el último debate se omitió un debate real de fondo en la plenaria.
Aunque posteriormente, el 29 de junio, el legislativo volvió a votar y aprobó el proyecto, dicha votación se basó en un “comunicado” de la Corte que aún no había firmado el Auto 841, lo que ha generado dudas sobre su legalidad.
Ante este hecho, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que “a hoy no hay sentencia de la Corte Constitucional, cualquiera que fueran las razones desde ese punto de vista, solo hay un comunicado que no es vinculante, que no es la sentencia y que, desde ese contexto no se sabe cuáles fueron las fallas que encontró la Corte Constitucional”.
Desde ese punto de vista, agregó “hay una disconformidad de algunos magistrados de la misma Corte con lo que, presuntamente, se va a debatir del día 23 de julio” y a su juicio, esto presenta dos problemas.
“El comunicado no es una sentencia y no obliga, pues no había una decisión jurídica que llevara a convocar las extraordinarias y esto significa que la base de la citación se fundamenta en una decisión inexistente”, manifestó.
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Lo segundo, dice, se convoca a una revisión de algo de lo que no se determinó por qué era el vicio. “No se puede hablar de vicio de forma o fondo porque la Corte está diciendo algo cuando no hay sentencia”.
Y lo tercero, hace énfasis en que se acababa también el periodo legislativo. “Esto tiene una implicación muy fuerte en estos proyectos que tienen que dar las vueltas reglamentarias dentro de un periodo legislativo en particular.
“La reforma pensional trae muchas cosas que pueden ser importantes que la gente quiere, que definitivamente la gente está esperando, pero no puede, por ser una buena idea, un buen proyecto, pasarse por encima la legalidad y la juridicidad. Yo creo que aquí hay que volver la mirada otra vez a que los hechos políticos no pueden sobrepasar lo jurídico”, concluyó.
