El Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera) advirtió que el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, para modificar el régimen de las tarifas de energía, no solo no corrige los problemas existentes, sino que introduce distorsiones innecesarias en la definición tarifaria a los usuarios del país.
Tras un análisis técnico de los diez artículos que componen la propuesta legislativa y participar en las mesas convocadas por la cartera para dialogar sobre la propuesta, desde Ceera se presentaron observaciones que resaltan que varias de las medidas podrían implementarse directamente a través del marco regulatorio existente sin necesidad de una ley.
También se resaltó que otras medidas del proyecto generan duplicidad de funciones o desdibujan competencias clave entre el Ministerio de Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos.
“No vemos en esta propuesta una solución que resuelva los problemas de las tarifas de energía actuales. En su estado actual, el proyecto no es viable y no es oportuna su adopción. Existen medidas dentro del ámbito regulatorio que pueden y deben tomarse para mejorar el sistema sin distorsionar su arquitectura institucional”, explicó Ángela María Sarmiento, directora ejecutiva de Ceera.
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Proyecto de ley para bajar las tarifas de energía tendría afectación inequitativa entre usuarios
El proyecto busca resolver problemas coyunturales relacionados con los saldos de opción tarifaria que afectan principalmente a usuarios de bajos ingresos y el flujo de caja de algunas empresas que pueden poner en riesgo la prestación del servicio, así como la necesidad de hacer más eficiente la distribución de recursos de subsidios por errores de inclusión en el esquema de estratificación.
Sin embargo, desde Ceera se aseguró que los mecanismos propuestos desconocen realidades sociales de los usuarios que hoy pueden hacerlos tener altos consumos o condiciones de movilidad habitacional llevándolos a ser castigados con pérdida del subsidio o incluso el pago de contribuciones.
En el mismo sentido, los usuarios que ya pagaron sus saldos de opciones tarifarias tendrían, nuevamente, que asumir una carga por este concepto, haciendo dobles aportes contributivos lo cual va en contra de las normas constitucionales.
Adicional a lo anterior, se advirtió que la posible remuneración diferencial entre empresas -según el tipo de empresa prestadora (pública o privada)- generan efectos regresivos e incentivan prácticas contrarias a la neutralidad tarifaria establecida en la Ley 142 de 1994.
Preocupación por cambios en la CREG
Otra consideración que alarma a este gremio tiene que ver con los cambios propuestos en la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los cuales, “lejos de fortalecer la pluralidad y participación ciudadana, reducen los requisitos de idoneidad y experiencia exigidos a los comisionados”, dijo Ceera.
Y precisó que la inclusión de nuevos perfiles sin una justificación técnica clara puede afectar la calidad y estabilidad de las decisiones regulatorias, genera cargas presupuestales y no garantiza la ampliación de criterios que busca sea lograda en el cuerpo colegiado.
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“Desde Ceera reiteramos que la responsabilidad de señales para el abastecimiento energético del país debe conservar la mayor rigurosidad técnica, así mismo señalamos que otras entidades del país del mismo nivel de responsabilidad tienen incluso mayores requisitos técnicos para sus directivos”, manifestó la agremiación.
Llamado a la acción a través de mecanismos existentes para bajar las tarifas de energía
Entre tanto, Ceera consideró que existen alternativas para reducir saldos de opción tarifaria sin necesidad del proyecto de ley; por ello, propone avanzar en la implementación del artículo 272 de la Ley del PND 2022-2026, activar mecanismos de participación ciudadana, y continuar con la articulación y apoyo que ha venido liderando el MinEnergía para que los proyectos de generación de energía logren entrar en operación.
Lo anterior, según la entidad, podría disminuir los riesgos de desabastecimiento, lo que terminaría por dejar efectos favorables en las tarifas de energía en Colombia.
De hecho, Ceera ha planteado propuestas que permiten generar eficiencias en la formación de precios, incentivar la contratación y aumentan la competencia, pues consideró que, a través de la CREG y la articulación ministerial, se pueden lograr los objetivos esperados.
Además, hizo una invitación a repensar el enfoque del proyecto de ley con base en evidencia técnica, diagnósticos actualizados y un entendimiento profundo de las dinámicas del mercado eléctrico colombiano.
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“El país requiere soluciones para mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad del servicio de energía, pero estas pueden construirse respetando los principios de regulación técnica, institucionalidad e independencia”, concluyó Sarmiento.
