La cifra que entregó el presidente Gustavo Petro en su más reciente alocución presidencial, sobre la deuda histórica de las EPS, causó controversia desde distintos frentes, incluso la Contraloría lo contradijo.
Según el mandatario la deuda ascendería a más de $100 billones si se calculara en pesos constantes del año 2025.
No obstante, la Contraloría General de la República, rechazó dicha cifra.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo: “La cifra entregada por la Contraloría asciende a $32,9 billones a corte de 2024. Esa es la información oficial y totalmente soportada. No puedo sustentar ni argumentar la cifra del presidente”.
La versión del presidente
Petro aseguró que la deuda real es mucho mayor que la reconocida oficialmente, y responsabilizó al modelo de aseguramiento privado de haber desviado recursos públicos hacia patrimonios particulares. Según el mandatario:
“Si se sumara toda la deuda histórica de todas las EPS, llevada a pesos del año 2025 —un ejercicio económico que no se ha hecho porque en el Ministerio de Salud han faltado buenos economistas, o se han negado a hacer el cálculo—, esta deuda superaría los $100 billones”, escribió en su cuenta de X.
Petro calificó al sistema de salud como “el mayor desfalco de dinero a la Nación en toda su historia”, y señaló que la desaparición de muchas EPS no implicó la devolución de los recursos públicos, sino que esos dineros terminaron como patrimonio privado de antiguos dueños de EPS y empresas gestoras farmacéuticas.
Colapso del modelo y concentración de recursos
El presidente afirmó que de las 157 EPS que existieron, solo quedan dos solventes, y que el 89 % de los afiliados no están actualmente asegurados por una EPS con reservas técnicas adecuadas. Según él, este colapso ha sido aprovechado por algunos actores privados que se han “cartelizado” para elevar los precios de los medicamentos y limitar su acceso.
Petro también denunció que el Estado ha pagado cerca del 90 % de los medicamentos importados, particularmente aquellos usados para tratar enfermedades de alto costo, pero muchos de ellos no están disponibles en farmacias o son negados a los pacientes, generando la mayoría de las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) del sistema.
Intervenciones, auditorías y reforma estancada
El mandatario anunció una serie de auditorías forenses a alcaldes, gobernadores y gerentes de IPS públicas, así como a la Nueva EPS, que según él aún no cuenta con un sistema integral que permita conocer con certeza su situación financiera. También advirtió a los interventores de las EPS para que no se presten a beneficiar a antiguos dueños durante los procesos de salvamento que lidera el Gobierno.
Petro insinuó que existe una intención deliberada de algunos sectores para obstaculizar la reforma a la salud:
“Buscan hundir el proyecto de ley salvador mediante el caos predeterminado de manera criminal, como lo hicieron con Salvador Allende”.
En su visión, la intervención total del sistema de salud sería necesaria si el Congreso no aprueba la reforma. En este nuevo modelo, el Estado asumiría el rol de asegurador, mientras que las EPS sobrevivientes asumirían funciones de gestión de redes y referencia.
Finalmente, Petro sostuvo que la deuda no se generó en los últimos dos años en las EPS intervenidas —salvo la Nueva EPS—, sino en aquellas que no han sido tocadas por el Gobierno, las cuales habrían duplicado su deuda en ese período.
Según el mandatario, si se aplicara a las deudas acumuladas desde 1993 el mismo criterio financiero que se usa para calcular deudas ciudadanas —es decir, con deflactor de inflación y tasa de interés real anual—, el pasivo sería superior a los $100 billones.
