El Consejo de Estado confirmó que el Grupo Portuario del empresario Álvaro Rodríguez podrá mantener el contrato de concesión del muelle 13 de Buenaventura, tras una larga pelea con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según un comunicado de la firma Estructuración Legal, representante de la compañía, la decisión fue adoptada por la Sección Tercera del alto tribunal.
Así las cosas, los magistrados ratificaron lo que ya había dicho el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que suspendió una resolución de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que buscaba revocar una prórroga a dicho contrato.
En plata blanca, la entidad le había confirmado a Grupo Portuario el nuevo plazo para operar el muelle 13 del puerto de Buenaventura, pero días después, por orden del presidente Petro, reversó su decisión e inició una batalla jurídica con uno de los grandes empresarios del país.
Sin embargo, el Consejo de Estado dejó en firme la legalidad del contrato, garantizando su continuidad operativa y administrativa, en una decisión que «resalta la importancia de la seguridad jurídica en los procesos de contratación estatal», de acuerdo con el bufete de abogados de la empresa.
Además, la firma invitó al Gobierno Nacional a abrir canales de diálogo institucional que permitan resolver las diferencias sin poner en riesgo el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
Por su parte, El director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, informó que la situación del Muelle 13 se encuentra actualmente bajo análisis pericial, señalando que “hay un peritaje que se está gestionando en este momento para determinar el estado real del muelle, ya que existe una discrepancia entre los informes presentados por los peritos de la ANI y los de la concesión”, explicó.
Ante esta divergencia, el funcionario señaló que se acudirá a una evaluación independiente: “Vamos a buscar una tercera persona que realice el peritaje y que establezca cuál es el verdadero estado del muelle, de manera que la concesión lo entregue en las condiciones en que lo recibió, y así se pueda realizar la reversión al Invías”.
Según Torres, las diferencias entre los informes son significativas. Mientras un dictamen sostiene que la infraestructura se encuentra en buen estado, otro la clasifica en nivel 4, en una escala donde el nivel 5 corresponde a ruina total. “Por eso vamos a buscar un perito neutral que determine el valor real del activo, con el fin de proceder adecuadamente con la reversión al Invías”, concluyó.
¿Por qué hay disputa entre el Gobierno y la concesión por el muelle 13 en Buenaventura?
La disputa por el muelle 13 tiene su origen en el proceso de reversión del contrato de concesión. Este conflicto se intensificó tras una actuación controvertida de la ANI en diciembre de 2023, cuando, en un primer momento, aprobó la renovación del contrato con el Grupo Portuario S.A., pero pocos días después revocó dicha autorización.
Ante este escenario, el Grupo Portuario interpuso una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual resultó favorable en primera instancia. Esto derivó en la suspensión provisional de la resolución que impedía la prórroga del contrato.
Sin embargo, el Consejo de Estado resolvió que la acción de tutela no era el mecanismo adecuado para dirimir este tipo de controversias contractuales, indicando que debía acudirse a figuras como la acción de nulidad.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el entonces ministro de Transporte, William Camargo, y otros altos funcionarios del Ejecutivo.
La entidad investiga presuntas irregularidades en la decisión de revertir la concesión, señalando que los implicados habrían incurrido en una “falsa motivación” al justificar su determinación con supuestos riesgos ambientales, sin que existieran soportes técnicos ni jurídicos suficientes.
