La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra varios exfuncionarios por presuntas irregularidades en un convenio interinstitucional que tenía como propósito la compra de terrenos destinados a familias damnificadas, pero que habría derivado en posibles desvíos de recursos públicos.
Entre los investigados se encuentran Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), y César Augusto Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). También fueron vinculados Daniel María Medina González, exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Luis Alberto Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD; María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, vicepresidenta de Negocios Fiduciarios de Fiduprevisora; y Daniela Andrea Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la misma entidad.
De acuerdo con la Procuraduría, los exfuncionarios habrían participado en la firma y modificación de un convenio cuyo objetivo inicial era la adquisición de predios para proyectos productivos dirigidos a personas inscritas en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).
No obstante, el acuerdo fue reformulado bajo el argumento de atender emergencias provocadas por la temporada invernal, lo que permitió la utilización de más de 100.000 millones de pesos en procedimientos de compra que hoy están siendo objeto de cuestionamientos.
La entidad de control advirtió que existen indicios de sobrecostos, desvíos de recursos y posibles falencias en los mecanismos de asignación de los terrenos, lo que genera dudas sobre si los beneficiarios efectivamente recibieron los predios o si los fondos fueron utilizados de manera indebida.
Además, la investigación busca establecer el grado de responsabilidad de las entidades fiduciarias involucradas, dado que su rol incluía la ejecución y supervisión del convenio reformulado. De comprobarse las irregularidades, los implicados podrían ser sancionados disciplinariamente con medidas que van desde la suspensión en el ejercicio de funciones públicas hasta la inhabilitación para ejercer cargos estatales.
