Asomóvil y otras asociaciones representantes de empresas del sector de conectividad móvil le hacen un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a los netes de control para establecer reglas sobre el uso de las redes y la infraestructura digital.
En la carta, los firmantes (Asomóvil, Andesco, Gsma, Asotic, Asiet) aseguran que “Colombia debe avanzar hacia un modelo de uso equitativo y sostenible de las redes y la infraestructura digital, donde todos los actores, especialmente quienes más tráfico generan, paguen por los insumos que usan”.
Las asociaciones hacen énfasis en que las empresas que representan, proveedores de servicios de conectividad móvil, fija y audiovisuales, han realizado acciones con las que Colombia ha alcanzado una meta de cobertura poblacional de internet del 79 %, ubicándose entre los 50 países con mejor acceso a nivel mundial y en el cuarto lugar en América Latina.
Adicionalmente, exponen que estas empresas han invertido más de $55 billones en mantener, ampliar y modernizar la estructura de redes. No obstante, reconocen que la brecha digital persiste ya que, de acuerdo con la GSMA, “superar las metas del MinTIC y alcanzar el 95 % de cobertura nacional demandará cerca de US$4.500 millones adicionales, destinados a conectar a aquellos colombianos que aún están excluidos, principalmente en zonas rurales”.
Frente a esa situación, alegan que el panorama financiero del sector se deteriora: “El ingreso por usuario, conocido como ARPU (ingreso promedio mensual recibido de cada usuario), ha caído cerca del 70 % en la última década (según la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC) debido a la necesidad de mantener precios bajos”.
Asimismo, explican que, entre 2022 y 2024, el tráfico móvil se multiplicó por 1,57 con una tasa de crecimiento anual del 25 % (CRC).
“En la actualidad las grandes plataformas digitales no se encuentran afectas a la regulación local, lo que genera enormes asimetrías, sino que también no pagan por el uso de las redes, y definen unilateralmente las condiciones para alojar su infraestructura de entrega de contenidos y la calidad requerida para que sus contenidos lleguen al usuario”. Y, agregaron que “esta situación configura una falla estructural de mercado que necesita una corrección regulatoria urgente”.
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Sugieren que plataformas asuman parte de los costos de la red
En ese sentido, estas asociaciones resaltaron que diversos centros de pensamiento y estudios recientes — Universidad Nacional, JSM y NERA (2024-2025) — coinciden en que Colombia necesita adoptar una regulación justa y equitativa, que implique una simplificación de la misma hacia las empresas de telecomunicaciones, y que requiera a los grandes generadores de tráfico a asumir una parte proporcional de los costos de red, como ya sucede en otras jurisdicciones, como es el caso de Corea del Sur, que recientemente ha implantado un régimen de negociaciones comerciales entre operadores y grandes generadores de tráfico supervisadas por el regulador.
“Si esta situación desbalanceada no se corrige, tendrá una afectación directa sobre los servicios de telecomunicaciones, pues continuará disminuyendo la capacidad financiera de los operadores para sostener las inversiones en redes, las cuales son indispensables para otorgar a los usuarios finales un servicio de calidad a precios asequibles. Esto impactaría directamente a millones de hogares colombianos que dependen de una conectividad para trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud y participar en la vida democrática”, puntualizaron.
Por otra parte, destacan un freno en el despliegue de redes en zonas rurales y apartadas, ampliando la brecha digital y limitando oportunidades de desarrollo regional. “En consecuencia, Colombia enfrentaría un rezago frente a otros países de la región en materia de conectividad, innovación y competitividad, comprometiendo los esfuerzos públicos y privados por construir un ecosistema digital inclusivo”.
