Colombia atraviesa una crisis silenciosa en el suministro de gas natural. Lo que durante más de cuatro décadas fue un factor de seguridad energética y de apoyo a la productividad, hoy se convierte en un desafío para millones de hogares y empresas que enfrentan tarifas crecientes.
Un informe de Fedesarrollo, elaborado por los investigadores Sergio Cabrales y Juan Benavides, advierte que el déficit de producción doméstica era evitable si en la última década se hubieran tomado decisiones oportunas en licenciamiento ambiental, consultas previas, importaciones y exploración.
Reservas de gas en Colombia en caída y pérdida de autosuficiencia
Entre 2012 y 2023, las reservas probadas de gas natural en Colombia se redujeron a menos de la mitad: pasaron de 5.727 giga pies cúbicos (GPC) a 2.373 GPC. Con excepción de 2021, el país no logró reponer lo que producía anualmente.
El 1 de diciembre de 2024 marcó un hito: por primera vez en 45 años, la producción nacional no alcanzó a cubrir la demanda interna de sectores residencial, comercial, vehicular, industrial y eléctrico.
El gas importado entró a suplir la diferencia, pero con costos mucho más altos. Mientras el precio promedio del gas nacional oscilaba entre US$2,8 y US$5,4 por millón de BTU (MBTU) antes de 2023, en la actualidad supera los US$10.
El gas importado, por su parte, puede costar entre US$15,7 y US$18,3 por MBTU; es decir, hasta tres veces más que el producido localmente.
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El informe de Fedesarrollo identifica seis factores que explican la reducción en la oferta doméstica:
- Altos riesgos exploratorios: solo uno de cada cuatro pozos perforados alcanza viabilidad comercial.
- Mayor carga fiscal: tras la reforma tributaria de 2022, el government take —participación del Estado en la renta petrolera— pasó de 63 % a más del 80 %, lo que redujo la rentabilidad y desincentivó nuevas inversiones.
- Caída en la actividad exploratoria: entre 2010 y 2014 se perforaban más de 110 pozos al año; en 2024 la cifra cayó a 34. Además, no se han adjudicado nuevos contratos de exploración desde 2021.
- Trámites complejos: licencias ambientales y consultas previas tardan años en resolverse, encareciendo proyectos y retrasando su entrada en operación.
- Inseguridad: en los últimos dos años se registraron más de 2.700 bloqueos y cerca de 70 ataques a infraestructura petrolera, aumentando los costos de operación.
- Mercado concentrado y debilidad regulatoria: Ecopetrol controla más del 80 % de la producción, lo que limita la competencia.
Estas condiciones han llevado al retiro de multinacionales como ExxonMobil, Shell, Chevron, BP y Repsol, que ya no contemplan proyectos relevantes en Colombia.
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Impacto en las tarifas y los hogares
El déficit de producción obliga a depender del gas importado. Según las estimaciones, si la mitad del suministro fuera importado, las tarifas residenciales aumentarían 44,6 % en Bogotá, 44,9 % en Medellín, 45,8 % en Bucaramanga, 30,3 % en Cali y 11,7 % en Barranquilla.
Si la canasta llegara a estar compuesta totalmente por gas importado, los incrementos superarían el 90 % en varias capitales del interior.
Esto afecta directamente a más de 11 millones de hogares que utilizan gas natural para cocinar y calentar agua, y compromete el esquema de subsidios cruzados que sostiene a los estratos más bajos.
El impacto no se limita al ámbito residencial: sectores estratégicos como cemento, acero, refinación, alimentos y transporte también se ven presionados por mayores costos, reduciendo la competitividad de la economía frente a otros países de la región.
Entre tanto, el informe de Fedesarrollo señala que la escasez de gas no solo encarece las facturas, también amenaza la estabilidad del sistema eléctrico.
Cerca del 10 % de la energía en Colombia proviene de plantas térmicas que funcionan con este combustible.
En un escenario crítico hacia 2026, si no se desarrolla nueva oferta, la disponibilidad de gas nacional e importado podría ser inferior a la demanda interna, lo que abriría la puerta a racionamientos de gas y cortes de electricidad a nivel nacional.
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Una oportunidad perdida
El documento es enfático: el déficit era evitable. Si hace una década se hubieran acelerado los procesos de licenciamiento y consultas previas con liderazgo público, si se hubieran desarrollado a tiempo nuevas infraestructuras de importación, y si después de 2022 no se hubieran introducido mayores cargas tributarias ni obstáculos a la exploración, hoy el panorama sería distinto.
Colombia aún cuenta con potencial gasífero, como lo demuestran descubrimientos en aguas profundas del Caribe, donde proyectos como Sirius podrían duplicar las reservas actuales.
No obstante, su desarrollo enfrenta largos trámites regulatorios, retos técnicos y resistencias sociales que retrasan la puesta en marcha.
El reto inmediato
Expertos han asegurado que recuperar la autosuficiencia en gas natural exige un giro en la política energética: nuevos contratos de exploración, mayor perforación de pozos y condiciones que hagan atractivo invertir en hidrocarburos. De lo contrario, los consumidores seguirán pagando los sobrecostos.
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“Los consumidores están asumiendo un costo que se pudo evitar”, concluye Fedesarrollo, en un llamado a que el debate energético se enfoque no solo en la transición hacia energías renovables, sino también en garantizar un suministro confiable y asequible de gas, un energético clave para la productividad y el desarrollo social de Colombia.
