Una red de denuncias judiciales y testimonios revelan presuntas irregularidades que estarían minando la transparencia en la cesión de un lucrativo contrato para la explotación del yacimiento de gas en Colombia en el Bloque Sinú-9, ubicado en Córdoba (al norte de Colombia).
De acuerdo con información de Univisión Investiga, varios inversionistas afectados aseguran haber sido excluidos mediante actos fraudulentos que favorecen a una firma francesa.
Advertencia penal a la ANH
En febrero de 2025, empresarios vincularon al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, junto con dos vicepresidentas, en una denuncia penal por prevaricato por omisión.
Según el escrito, estas autoridades habrían ignorado reclamaciones formales que alertaban sobre posibles fraudes, tales como alteraciones documentales, de parte de Cleanenergy Resources, SAS —una de las favorecidas— y una estrategia de encubrimiento por parte de NG Energy, matriz del consorcio implicado.
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Por su parte, la ANH ha sostenido que los denunciantes no forman parte del consorcio cuya participación se busca ceder, lo que según sus palabras los excluye de la consideración institucional.
La controversia trasciende fronteras. En Panamá se han iniciado dos procesos legales: uno penal, por estafa, y otro civil, para anular actas supuestamente falsificadas.
Además, según Univisión, la Procuraduría General de Colombia ha solicitado formalmente a Velandia responder a una solicitud de los afectados, con el fin de suspender los trámites de cesión hasta que estos litigios sean resueltos y se aclaren disputas sobre las participaciones en el contrato.
Uno de los denunciantes resumió el clima general así: “Nadie nos quiere dar la cara … es aún más preocupante, total silencio habiendo tantas pruebas”, publicó el medio.
Riesgos para el Estado
Los inversionistas no solo temen pérdidas económicas. Señalan que autorizar la cesión sin resolver las inconsistencias podría dejar al Estado sin garantías reales frente a posibles perjuicios fiscales. Por eso alertan que permitir la transferencia del 61 % de participación del consorcio en Sinú 9 —valorado en US$254 millones— pondría en riesgo la protección del patrimonio público.
En línea con datos oficiales de la ANH, el consorcio está dominado en un 51 % por Mkms Enerji Anomin Sirketi S.A., una subsidiaria de NG Energy International, cuyos directivos provienen en su mayoría de la extinta Pacific Rubiales.
Tal transición llevó a la prensa especializada a bautizar a NG Energy como “la nueva Pacific de Serafino Iacono” —empresario petrolero venezolano accionista de la petrolera y quien ha sido vinculado a investigaciones disciplinarias por posibles conflictos de interés en Ecopetrol.
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Antecedentes y complejidad del caso
Este entramado tiene raíces profundas: en octubre de 2014, Cleanenergy Resources (Cerex) y la panameña Santa María Petróleo firmaron un acuerdo privado para participar en la licitación del Bloque Sinú 9, acuerdo al que se refieren las querellas presentadas.
Uno de los inversionistas, quien prefirió mantenerse en el anonimato, advierte que autorizar la cesión en estas condiciones equivale a despojar al Estado de su principal respaldo legal frente a incumplimientos o irregularidades.
Además, cuestionó que la ANH esté dispuesta a aprobar el millonario traspaso sin esperar los hallazgos de la investigación que la Contraloría debe presentar en diciembre de 2025.
(Con información de Univisión)
