Procuraduría indaga actuación del Gobierno en salida de Carlos Ramón González de Colombia

La Procuraduría General de la Nación inspeccionó durante tres días el Ministerio de Relaciones Exteriores, intentando establecer si hubo o no colaboración de funcionarios para tramitar la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua.

Fueron más de 600 correos revisados y la declaración de un funcionario de la embajada de Colombia en el país centroamericano.

En las más de 20 horas de tareas realizadas en la Cancillería, el equipo del ente de control informó que recopiló circulares, manuales de protocolos y de servicio, entre otros documentos, en los que se incluye el cruce de correos de junio de 2024 y hasta la fecha, entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidos los de la canciller, Rosa Villavicencio, excancilleres y viceministros.

En el marco de la diligencia, la Procuraduría asumió la actuación que adelanta la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores contra funcionarios por determinar para esclarecer la situación.

 

Las investigaciones que cubren a Carlos Ramón González

La inspección del ente de control se da luego que la Sala de Instrucción Disciplinaria de La Procuraduría iniciara indagación previa con el propósito de aclarar si se dieron trámites o procedimientos desde la embajada o Cancillería Colombiana para que González obtuviera la cedula de residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Nicaragua. 

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación, a través del equipo de fiscales que lidera las investigaciones por el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), solicito audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

González es señalado como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, por el desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país.

—