El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, confirmó que el Gobierno Nacional publicó para comentarios los borradores de la nueva metodología de cálculo de precios de los biocombustibles, con el objetivo de modernizar un esquema vigente desde hace más de dos décadas y alinearlo con las condiciones del mercado internacional.
Hasta ahora, el precio del etanol en Colombia se ha fijado con base en el valor internacional del azúcar y el del biodiésel en el aceite crudo de palma.
Sin embargo, según el Gobierno, este modelo dejó de reflejar la realidad del mercado global y ha generado distorsiones internas, así como presión fiscal sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
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La nueva propuesta plantea calcular el Ingreso al Productor (IP) con referencia al Precio Paridad (PP) de los biocombustibles en mercados internacionales, ajustado por costos logísticos y arancelarios. Este cambio permitirá reducir el IP y dar mayor competitividad al sector.
“Este es un paso hacia un mercado de biocombustibles más justo, eficiente y alineado con la realidad internacional. Modernizamos las reglas para proteger el bolsillo de los colombianos, reducir la presión fiscal y dar señales claras de competitividad al sector productivo nacional”, señaló Palma.
Agregó que “hacemos un llamado a gremios, sindicatos y a todos los actores de la cadena de combustibles para instalar una mesa de trabajo y escuchar sus propuestas frente a esta iniciativa”.
El ministro explicó que la decisión busca también responder a la creciente presión de importaciones de etanol, que han surgido debido a la diferencia entre el precio internacional y el fijado a nivel nacional.
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En este contexto, subrayó que el ajuste hace parte de la hoja de ruta del Ejecutivo para “fortalecer la transparencia en la formación de precios”.
El Gobierno abrió para comentarios públicos dos proyectos de resolución durante 15 días hábiles y el 14 de octubre instalará una Mesa de Trabajo en la que participarán los ministerios de Minas y Energía, Hacienda, Agricultura y Ambiente, junto con representantes gremiales, trabajadores y académicos.
El propósito es avanzar hacia una metodología consensuada basada en los costos reales de producción.
“Queremos que esta publicación no solo sea un trámite técnico, sino que abra un debate nacional y una conversación pública. Valoro que gremios como Asocaña y otros sectores ya estén presentando propuestas. Nuestro objetivo es lograr acuerdos, como siempre lo he buscado en minería, petróleo y energía”, puntualizó Palma.
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