Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia tendrán un nuevo beneficio, con la entrada en vigor de la Ley 2485 de 2025, sancionada por el presidente Gustavo Petro.
La norma prohíbe que las empresas del sector apliquen cargos elevados por reconexión cuando el servicio haya sido suspendido por mora en el pago, medida que busca aliviar los costos para los hogares y garantizar un acceso más equitativo a estos servicios.
Con esta disposición, se pretende eliminar los sobrecostos que impedían el restablecimiento oportuno del servicio, especialmente para los estratos más vulnerables.
El texto aprobado precisa que las empresas solo podrán cobrar por los costos eficientes y directamente asociados a las labores técnicas necesarias para reconectar el servicio. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) será la entidad encargada de definir los escenarios en los que procede el cobro y de establecer su monto máximo.
¿Cuál es el impacto de esta medida?
El senador Julio Elías Vidal, ponente de la iniciativa, explicó que los estudios que adelanta la CRC buscan fijar un límite tarifario que no supere los $1.000 por concepto de reconexión.
Según el legislador, el valor podría ser incluso inferior, lo que representaría un ahorro significativo para los usuarios. Las estimaciones iniciales proyectan un alivio económico cercano a $450 millones gracias a la reducción de cobros que tradicionalmente realizaban las empresas del sector.
De acuerdo con el texto de la ley, la CRC podrá determinar “si existen eventos en los que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones puedan aplicar un cobro por reconexión, para lo cual deberá definir el valor máximo de dicho cobro dentro del término de 12 meses a partir de la vigencia de la presente ley, y revisarlo periódicamente”.
Este valor incluye los costos en que incurran los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones por la suspensión de los servicios.
El proceso para definir las nuevas tarifas incluirá la participación de los operadores de telecomunicaciones, que podrán presentar observaciones y sustentos técnicos antes de la expedición de la resolución definitiva.
Este mecanismo busca equilibrar la sostenibilidad operativa de los prestadores con la protección de los derechos de los consumidores.
