Este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto debatir la ponencia que propone sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de los topes de gastos durante las elecciones de 2022.
El documento sostiene que, al sumar los costos de la primera y la segunda vuelta, la campaña habría superado los límites establecidos por más de $3.500 millones.
La propuesta, firmada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, será sometida a votación en sala plena. Si la mayoría respalda el informe, varias personas cercanas al hoy presidente serían sancionadas, entre ellas Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien se desempeñó como gerente de la campaña en 2022.
Su rol como responsable financiero lo ubica en el centro de las eventuales sanciones. En caso de aprobarse la ponencia, Roa enfrentaría la multa más alta y el proceso podría tener repercusiones sobre su continuidad al frente de la petrolera estatal.
Retractación de la Unión Patriótica
En la víspera del debate, el representante a la Cámara Gabriel Becerra, en su calidad de representante legal de la Unión Patriótica (UP), envió una carta al CNE en la que se retracta de la aceptación de cargos que había radicado el pasado 10 de noviembre en este mismo caso.
Según explicó Becerra, tras revisar el expediente, se detectaron errores en el documento original, entre ellos la mención incorrecta de magistrados y la referencia equivocada al proceso. “Esto indujo a un error material en la inclusión de este expediente dentro del documento general de aceptación de cargos”, señala la comunicación.
El congresista aclaró que la retractación se fundamenta en que el trámite aún no cuenta con acto administrativo alguno, por lo que su corrección es válida. Además, reiteró que la UP se ha opuesto a los cargos formulados contra la campaña de Petro, insistiendo en que no hubo irregularidades en la financiación.
Hasta el momento, el CNE no ha confirmado la recepción formal de la retractación y mantiene en firme la votación de este jueves, que podría marcar un punto de inflexión en uno de los procesos más sensibles para el Gobierno.
De aprobarse la ponencia, el caso avanzaría hacia la imposición de sanciones económicas y disciplinarias, reabriendo el debate sobre la financiación electoral del Pacto Histórico y el papel de quienes lideraron la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
