El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afrontó un revés político tras los resultados de la consulta popular celebrada este domingo 16 de noviembre, en la que la mayoría de los ciudadanos rechazó las cuatro preguntas impulsadas por su Gobierno.
La iniciativa buscaba obtener el respaldo necesario para emprender reformas institucionales y políticas de amplio alcance, entre ellas la convocatoria de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución vigente.
De acuerdo con los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y con más del 98 % de las actas escrutadas, la propuesta más relevante del paquete, la autorización para instalar una asamblea encargada de redactar una nueva carta magna, fue descartada con el 61,58 % de los votos.
Esta opción representaba el eje central del proyecto gubernamental, orientado a reconfigurar la estructura del Estado y actualizar diversos mecanismos de organización política.
La segunda pregunta de la consulta se refería a permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, un cambio que requería modificar la prohibición constitucional vigente desde hace varios años.
Esta propuesta también fue rechazada, con un 60,58 % de votos negativos, lo que refleja la resistencia de la ciudadanía a alterar un principio que ha marcado la política de defensa nacional.
Las dos preguntas restantes buscaban ajustar aspectos del sistema político.
La primera proponía eliminar el financiamiento estatal a los partidos, una medida que el Ejecutivo consideraba necesaria para reordenar el sistema de representación.
No obstante, el 58,07 % del electorado votó en contra.
La última iniciativa planteaba reducir el número de legisladores de la Asamblea Nacional, un ajuste que tampoco obtuvo apoyo mayoritario y que fue rechazado por el 53,46 % de los votantes.
Según analistas consultados por medios locales, el resultado general de la consulta refleja dudas y reservas sobre el alcance real de los cambios propuestos, así como inquietudes respecto a su aplicación y a sus efectos sobre la representación política y el equilibrio institucional.
Noboa reconoció públicamente la decisión de los ciudadanos y afirmó que su administración “respeta la voluntad del pueblo”.
Además, aseguró que, pese al revés, continuará avanzando con los objetivos gubernamentales “con las herramientas disponibles” y bajo los límites que establece la actual Constitución.
