Petróleo y gas harán parte de la canasta energética en 2050; gas de Venezuela no es viable para Colombia a corto plazo

El presidente del gremio petrolero ACP, Frank Pearl, expresó que los desafíos de Colombia en materia energética no se resolverán importando gas desde Venezuela.

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En la octava cumbre de Petróleo, Gas Y Energía, de la cual Valora Analitik es medio aliado, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, señaló que la demanda de gas incrementará 70 % en los próximos 10 años.

El alza de la demanda industrial y el desarrollo de la inteligencia artificial son factores a los que atribuyó este comportamiento. A lo anterior agregó que los combustibles fósiles (petróleo y gas) seguirán siendo energéticos demandados hasta 2050, independientemente de la diversificación de la matriz con otras fuentes.

Pearl también manifestó que Colombia enfrenta un lapso de dificultades en materia energética, señalando que la exploración está en retroceso, que aumentó la dependencia de las importaciones de gas, incrementó la conflictividad social y el deterioro del orden público, y que hubo un descenso en la producción.

Frente a crecientes declaraciones sobre importar gas desde Venezuela, manifestó que no hay un gasoducto disponible y que este no estaría habilitado a corto plazo, a lo que añadió inconvenientes relacionados con la Lista Clinton, los cuales impedirían la materialización de estos planes.

Petróleo y gas harán parte de la canasta energética en 2050; gas de Venezuela no es viable para Colombia a corto plazoPearl expresó que debe reactivarse la exploración y priorizar el desarrollo de yacimientos no convencionales y en el mar. Imagen: ACP

“Sin gas perdemos todos: pierden las industrias, los hogares. Perdemos la competitividad, la confiabilidad eléctrica y la seguridad energética. En 2025 se ha importado en promedio 17 % de la demanda nacional, y el Gestor del Mercado de Gas Natural estima un incremento de ese déficit”, dijo.

Añadió que en 2024 las inversiones en exploración cayeron 14 % en comparación con 2023, y que desde 2022 no se están adjudicando nuevas áreas. Sumado a lo anterior, de 282 contratos firmados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), solo 81 están en fase de exploración. Por ello indicó que es prioritario aumentar la exploración, garantizar la seguridad jurídica y las condiciones de seguridad, con el fin de atraer inversión para la industria energética.

También señaló que, si no se reactiva la exploración, Colombia no podrá mantener la producción requerida para garantizar los ingresos del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Todo lo anterior generaría un déficit de $40 billones entre 2027 y 2035.

La ACP expresó que debe reactivarse la exploración, priorizar el desarrollo de yacimientos no convencionales y en el mar, estabilizar las reglas fiscales y jurídicas, moderar la carga tributaria y garantizar un licenciamiento ambiental ágil y predecible.

También dijo que puede utilizarse la riqueza que generan los energéticos para diversificar la economía regional, de modo que los entes territoriales tengan mayor capacidad para formular sus proyectos con los recursos que generan las regalías.

Petróleo y gas harán parte de la canasta energética en 2050; gas de Venezuela no es viable para Colombia a corto plazoRecalcó que la transición energética no debe entenderse como la sustitución inmediata del petróleo y el gas. Imagen: ACP

Los aportes del sector

Pearl expresó que los aportes de la industria representaron en 2024 cerca de 16 % de la inversión extranjera directa, 30 % de las exportaciones de Colombia y 4 % del PIB, equivalentes a $70 billones. También señaló que hubo $43 billones en aportes a la Nación, $8,2 billones en regalías, y que el sector generó 360.000 empleos al año.

Pearl recalcó que la transición energética no debe entenderse como la sustitución inmediata del petróleo y el gas, sino como un proceso en el que se añaden otras fuentes de energía a las que ya existen.

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Concluyó que la ruta energética de Colombia entre 2026 y 2050 debe ser construida con base en evidencia técnica, visión de largo plazo y consenso entre gobierno, industria y comunidades.