El Ministerio de Vivienda expidió la Resolución 0194 de 2025, que permite que certificaciones verdes como Edge, de la Corporación Financiera Internacional (IFC), sean aceptadas como equivalentes al mecanismo oficial con el que el Estado verifica el ahorro mínimo obligatorio de agua y energía en edificaciones nuevas.
Hasta ahora, la única forma de comprobar ese cumplimiento era el Mecanismo de Seguimiento y Control (MS&C). Con la nueva norma, el país reconoce que existen certificaciones internacionales que pueden cumplir el mismo propósito.
Lo que dice la resolución
La norma actualiza los estándares obligatorios de ahorro según el tipo de edificio y la zona climática, y ratifica al MS&C como herramienta principal de verificación. Pero el punto más novedoso está en su artículo 7, que abre la puerta a otros métodos de validación: “Se podrán considerar sellos o certificados verdes (…) previo a la homologación por el Ministerio de Vivienda.”
La Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) destaca los sellos verdes como instrumentos equivalentes, lo que moderniza el marco técnico y evita trámites duplicados.
En el reciente Edge Ten-Year Celebration Summit en Sudáfrica, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, destacó la importancia del avance: “La sostenibilidad no es un discurso. Es una práctica real cuando se articula la regulación con herramientas técnicas confiables. Edge fue fundamental en ese camino.”
El gremio aportó el sustento técnico para demostrar que Edge es compatible con la normativa colombiana: exige ahorros mínimos del 20 % en energía, agua y energía embebida en materiales, y utiliza cálculos ajustados por clima basados en los mismos parámetros que usa el país.
Camacol sustentó que Edge es compatible con la regulación colombiana porque exige los mismos niveles mínimos de ahorro, usa metodologías técnicas similares a las de la normativa nacional, ajusta los cálculos por clima —igual que el MS&C— y obliga a verificar en obra que los resultados se cumplan.
Los beneficios de homologarlo incluyen una regulación más eficiente sin trámites duplicados, mayor confianza para las autoridades locales, menos carga administrativa para los constructores, alineación con estándares internacionales y el impulso a mejores prácticas de diseño y eficiencia energética en el sector edificador.
