La macroinvestigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entró en una nueva fase.
El escrito de acusación radicado por la Fiscalía ante la Corte Suprema no solo formaliza cargos contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, sino que también dibuja una cadena de mando que habría articulado órdenes desde la Casa de Nariño hasta los operadores encargados de entregar dinero ilícito a las cabezas del Congreso.
Según el documento, González —quien fungió como uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno, responsable del relacionamiento político y la coordinación presidencial— habría impartido instrucciones directas al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para distribuir coimas con dineros de la entidad durante septiembre y octubre de 2023.
De la orden a la entrega: así habría operado el esquema
La acusación sostiene que el exdirector del Dapre ordenó entregar $3.000 millones destinados al presidente del Senado del momento, Iván Name Vásquez. Ese dinero habría sido trasladado a través de la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien aparece mencionada como pieza clave del engranaje y mediadora de alto nivel.
En paralelo, el exsubdirector de manejo de desastres, Sneyder Pinilla, hoy condenado, habría llevado a Montería otros $1.000 millones para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas. Ambos pagos, según el relato de la Fiscalía, se habrían financiado con recursos de un contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira.
La Fiscalía acusa a González de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, al considerar que su rol no se limitó a avalar las operaciones, sino a determinar la entrega de los recursos y coordinar a los funcionarios que ejecutaron la operación.
El escrito sugiere que el caso dejó de ser un problema aislado en la UNGRD para convertirse en un entramado que involucra al Ejecutivo y a los máximos líderes del Legislativo, apuntando a un presunto intercambio de favores y apoyo político financiado con dineros públicos.
Con esta acusación, el proceso contra González entra en fase de juicio. A la par, la Corte Suprema continúa con los expedientes que involucran a los congresistas Name y Calle.
En los últimos días, el caso ha tomado mayor velocidad, el ente investigativo también pedirá imputar cargos y cárcel contra el exministro Luis Fernando Velasco y exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
