Los sectores económicos continúan reaccionando a la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro, que plantea cambios en múltiples tributos, crea nuevos impuestos y, en otras palabras, repite la reforma tributaria negada en el Congreso.
En el caso de las aseguradoras, su gremio Fasecolda resaltó que el decreto mediante el cual se establece la emergencia propone incrementar el impuesto de renta hasta el 50 % para las compañías de este sector (seguros y reaseguros).
Para el gremio, esto significaría un impacto desproporcionado para la actividad aseguradora, que desde hace varios años asume una carga tributaria superior a la de otras industrias, sin que exista una justificación sólida desde el punto de vista técnico o de política pública, en su criterio.
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Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, afirmó que una sobre tasa como la planteada “es desmedida, más aún si se tiene en cuenta que ya hoy el sector está gravado con una sobretasa del 5 % sobre la tarifa básica del 35 %, de por sí supremamente alta en términos de la buena práctica internacional”.
El líder gremial añadió que la tasa efectiva de tributación en renta de las compañías de seguros generales es muy cercana a la tasa nominal, rondando el 39,2 %.
Balance del sector asegurador
Fasecolda indicó que las utilidades sobre primas emitidas en los últimos cinco años han estado en promedio en el 5.6 %, “cifra que no constituye una rentabilidad exorbitante que amerite un trato discriminatorio”.
Además, consideraron que las sobretasas tributarias sectoriales no son una buena política pública, a menos que exista un objetivo de desestimulo a industrias o sectores que se consideran socialmente nocivos.
“No es ese el caso de la industria aseguradora, el propio Plan de Desarrollo del Gobierno del presidente Petro quiso promover los seguros como instrumento de apoyo a los actores de la economía popular y estimular la protección de nuevas capas sociales a través de los seguros paramétricos”, recordaron.
Además, resaltaron que hay evidencia abundante del rol positivo que el propio Gobierno le reconoce al sector asegurador, “lo que lo hace poco propicio a ser gravado con sobretasas tributarias injustificadas”.
En un comunicado, afirmaron que el sector no pide un tratamiento tributario privilegiado o preferencial, sino equitativo, pues “una tarifa del 50 % a un sector cuyo papel nunca se ha circunscrito a una mera intermediación financiera, hará más difícil el camino hacia una mayor protección de las capas más vulnerables de la población”.
